Una investigación por una presunta red de estafas mediante una falsa plataforma de inversiones, que tuvo entre sus víctimas a un vecino de Puerto Madryn, avanzó con nuevos allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El fiscal Fernando Rivarola explicó este lunes en FM Del Viento que la causa comenzó a principios de este año y que, hasta el momento, se concretaron alrededor de 40 procedimientos para identificar a los integrantes de la organización y reconstruir su funcionamiento.
El funcionario de la de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital señaló que la pesquisa permitió detectar distintos grupos operativos que habrían intervenido en el esquema. Los últimos procedimientos estuvieron orientados a investigar la apertura de cuentas bancarias que, según la hipótesis fiscal, eran utilizadas posteriormente para canalizar el dinero de las maniobras investigadas.
“Esto tiene que ver con una falsa plataforma de inversión que captaba personas con interés en invertir y, obviamente, eran defraudadas”, resumió Rivarola.
La denuncia de una víctima de Madryn motivó que la causa se radicara en esa ciudad, aunque la dimensión de la presunta organización llevó a coordinar tareas con fiscalías de distintas jurisdicciones del país.
Allanamientos, dinero y dispositivos electrónicos
Durante los últimos operativos, los investigadores trabajaron en dos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Según detalló el fiscal, en uno de ellos se confirmó que se realizaban aperturas de cuentas, mientras que en el otro fueron identificadas varias personas y se secuestraron una importante cantidad de dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
Ahora, los investigadores deberán analizar el material incautado para establecer si tiene relación con las estafas denunciadas y determinar qué papel habría desempeñado cada una de las personas involucradas.
Rivarola aclaró que no encontraron un centro de operaciones que respondiera a la imagen tradicional de un call center, con numerosos puestos de trabajo y equipos conectados en un mismo lugar.
“La tecnología hoy permite que un call center o algo parecido a lo que nosotros nos imaginamos pueda estar totalmente difuso en distintos lugares”, explicó.
Por eso, el análisis de los teléfonos, computadoras y demás dispositivos será clave para reconstruir las comunicaciones y establecer posibles vínculos entre los distintos grupos que están bajo investigación.
El fiscal describió a la presunta estructura como una organización de gran dimensión, con diferentes núcleos operativos. Uno de los objetivos de los últimos procedimientos fue avanzar sobre el circuito de apertura y utilización de cuentas bancarias, un aspecto que los investigadores consideran relevante para seguir el recorrido del dinero.
Investigan posibles situaciones de vulnerabilidad y trata de personas
Los allanamientos también derivaron en la intervención de organismos federales por situaciones detectadas en uno de los domicilios. De acuerdo con Rivarola, los investigadores convocaron a personal de la Dirección Nacional de Migraciones para verificar la situación administrativa de las personas extranjeras identificadas durante los procedimientos.
El control permitió detectar casos de residentes permanentes y transitorios, algunos con documentación vigente y otros con permisos vencidos. La información fue remitida a los organismos competentes para que determinen si corresponde adoptar medidas.
Además, se dio intervención a la Justicia Federal especializada en trata de personas, luego de que surgieran indicios sobre posibles condiciones de vulnerabilidad y situaciones laborales que requerían una investigación específica.
El fiscal señaló que una joven tailandesa de 21 años manifestó ante personal de Migraciones que su permanencia en el lugar no era voluntaria. A partir de esa situación, la Justicia Federal tomó intervención para profundizar las averiguaciones.
Según la información que recibió Rivarola, un ciudadano señalado preliminarmente como responsable del lugar fue detenido por disposición de la fiscalía federal, aunque posteriormente recuperó la libertad.
El funcionario aclaró que esa medida corresponde a una investigación diferente de la causa por las presuntas estafas. En el expediente por fraude y asociación ilícita no se habían dispuesto detenciones hasta el momento de sus declaraciones, y cualquier decisión dependerá de los avances de la pesquisa.
La complejidad del caso llevó a conformar un equipo de trabajo entre fiscales de varias jurisdicciones. Rivarola mencionó la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Santa Fe —en particular de Rosario—, la provincia de Buenos Aires y la Fiscalía N.º 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del fiscal Madrea.
