El bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, permanece detenido en Esquel, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos dentro de una vivienda. En medio de la investigación, su abogado, Daniel Sandoval, aseguró que el hombre había reducido su contacto con el entorno social después de denunciar una presunta extorsión y una agresión física que habría sufrido en Trevelin.
La explicación de la defensa se conoció mientras la Justicia mantiene al imputado bajo prisión preventiva por diez días, medida que fue confirmada por un tribunal de Comodoro Rivadavia tras un planteo para revisarla. La Fiscalía de Esquel busca establecer cómo vivían la mujer y los jóvenes, dos de ellos menores de edad, y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
En una entrevista con TN, Sandoval afirmó que Battista se había instalado en Esquel con la intención de desarrollar en su domicilio un laboratorio de sustancias medicinales, orientado a la farmacología y la investigación científica.
Según el abogado, antes de ese período de aislamiento su defendido había iniciado dos causas penales en las que figuraba como denunciante. Una estaba vinculada con una presunta extorsión y la otra, con una golpiza que habría sufrido en Trevelin.
“Tuvo dos causas penales donde él fue el que denunció. Una primera causa donde se denuncia una extorsión en su contra, y además recibió una feroz golpiza en la localidad de Trevelin”, sostuvo Sandoval. De acuerdo con su relato, ambas presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Esquel y luego archivadas.
El defensor relacionó esos antecedentes con la decisión de Battista de alejarse de Buenos Aires y limitar sus vínculos sociales. “Lo llevó a recluirse en su domicilio, con una actitud mucho menos expuesta socialmente”, afirmó.
Esas declaraciones forman parte de la versión de la defensa y no modifican, por sí mismas, los hechos que la Fiscalía intenta esclarecer.
La denuncia que derivó en el allanamiento
La intervención judicial comenzó a partir de la denuncia de una vecina, que advirtió situaciones que le llamaron la atención en la vivienda. Según la información incorporada al caso, las ventanas permanecían cubiertas con telas y papeles, había movimientos durante la noche y los hijos no salían a la calle. También se habrían escuchado gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada.
Ante esas señales, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia intentó ingresar al domicilio, pero Battista no lo permitió. El episodio dio lugar a un informe de riesgo y posteriormente a la orden de allanamiento que se concretó el 22 de octubre.
Durante el procedimiento, las autoridades encontraron a la mujer y a sus tres hijos en condiciones que la Fiscalía describió como de vulnerabilidad. Los cuatro reciben atención médica, psiquiátrica y psicológica, mientras los investigadores también analizan las condiciones de escolarización de los jóvenes.
La situación de la mujer es otro de los puntos que generó declaraciones de la defensa. Sandoval mencionó un cuadro postraumático asociado a lo que describió como “fenómenos psíquicos”, aunque aclaró que no contaba con información que confirmara una enfermedad terminal o un diagnóstico oncológico.
El abogado pidió prudencia al referirse a su situación y sostuvo que su cliente manifiesta afecto por sus hijos y se emociona cuando habla de ellos. Esas apreciaciones corresponden a la postura del defensor y deberán evaluarse en el marco de las actuaciones judiciales.
La fiscal Cecilia Bagnato anticipó que se realizará una pericia psiquiátrica sobre Battista para determinar si comprendía el alcance de sus actos al momento de los hechos investigados.
