Argentina tiene uno de los espacios marítimos más extensos de la región, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esa dimensión territorial en una verdadera política de Estado. En el marco de las Jornadas de Economía Azul, esa fue una de las principales conclusiones del panel “Gobernanza, Regulación y Soberanía en la Gestión del Espacio Marítimo”, que reunió en Puerto Madryn a especialistas para debatir sobre el futuro del océano.
El embajador Javier Figueroa puso el problema en términos de una paradoja. Argentina cuenta con más de 5000 kilómetros de costas, una superficie de espacios marítimos que ronda los 6 millones de kilómetros cuadrados y, si se incorporan las áreas sobre las que asume responsabilidades internacionales de búsqueda y rescate, la cifra asciende a unos 14 millones de kilómetros cuadrados.
A esto se suma una actividad pesquera que genera alrededor de US$2000 millones anuales en exportaciones y que, según explicó, dispone de recursos que se mantienen relativamente estables.
Sin embargo, ese enorme potencial no siempre se tradujo en una estrategia común.
Un país que históricamente miró más hacia tierra
Figueroa utilizó dos conceptos para explicar esa contradicción: el “hardware” y el “software” del país.
El primero refiere a los recursos, la tecnología y las capacidades materiales. El segundo, a las instituciones, la cultura y las decisiones políticas.
Según su análisis, Argentina construyó buena parte de su identidad económica alrededor de un modelo agroexportador, mientras que el mar quedó relegado en la planificación nacional. Incluso la historia política vinculada a los puertos estuvo muchas veces concentrada en la disputa por el control del comercio y no necesariamente en una estrategia integral sobre el espacio marítimo.
El resultado es una relación todavía fragmentada con el océano: un país con una enorme superficie marítima, pero sin una institucionalidad equivalente para gestionarla de manera coordinada.
La necesidad de un plan oceánico
El próximo paso debería ser la construcción de una estrategia marina integral, capaz de reunir intereses que hoy pueden aparecer separados o incluso entrar en conflicto.
Pesca, transporte marítimo, conservación ambiental, energía, investigación científica y soberanía son parte de una misma agenda.
Pero Figueroa advirtió que una política de este tipo no puede construirse rápidamente. La experiencia internacional muestra que un plan oceánico puede requerir entre dos y cinco años de trabajo, con participación de distintos sectores y acuerdos políticos que permitan sostenerlo en el tiempo.
También enumeró condiciones indispensables: inclusión, transparencia, adaptación a las realidades locales, financiamiento y licencia social.
La discusión adquiere especial importancia para la Patagonia, donde buena parte de la actividad económica y de las posibilidades futuras están directamente vinculadas con el mar.
Más coordinación y menos políticas aisladas
Otro de los puntos señalados durante el panel fue la necesidad de construir comunidades de especialistas capaces de aportar conocimiento a las decisiones públicas.
Figueroa habló de la importancia de conformar “comunidades epistémicas”, integradas por expertos con conocimiento validado y capacidad para participar en el diseño de políticas.
En esa línea, destacó el trabajo de Cancillería para generar mesas de coordinación entre organismos y evitar que cada sector avance de manera aislada.
La mirada propuesta es que la política oceánica no debería quedar limitada a una sola actividad o ministerio, sino funcionar como un marco común para ordenar las distintas decisiones relacionadas con el mar.
Soberanía y multilateralismo
Durante el debate también surgió la discusión sobre el acuerdo BBNJ, vinculado a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Figueroa defendió una participación activa de la Argentina en los espacios multilaterales y cuestionó la posibilidad de quedar al margen por diferencias políticas.
“Lo peor que podríamos hacer es marginarnos de ese debate”, planteó al destacar el amplio consenso internacional alcanzado alrededor del acuerdo.
Para el diplomático, la defensa del interés nacional no necesariamente implica aislarse de los organismos internacionales. Por el contrario, sostuvo que Argentina debe participar de esas discusiones para defender sus intereses y ampliar su capacidad de influencia.
Una institucionalidad que acompañe la dimensión marítima
Uno de los principales déficits señalados por Figueroa fue institucional. Según explicó, otros países cuentan con ministerios o comisiones específicas que concentran las políticas relacionadas con el mar, mientras que Argentina carece de una estructura equivalente que articule de manera integral la actividad marítima.
Sin embargo, recordó que existen antecedentes nacionales que podrían servir como referencia. Mencionó, entre otros organismos, a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), la CONAE, la CNEA y el CITEFA, como ejemplos de instituciones que lograron sostener políticas y capacidades a lo largo del tiempo.
La conclusión del panel fue, en ese sentido, menos una advertencia que un desafío: Argentina ya cuenta con recursos, conocimiento y capacidades para desarrollar una política oceánica más ambiciosa. Lo que falta es integrarlos bajo una estrategia común y sostenida.
Para la Patagonia, donde el mar representa soberanía, producción, empleo, investigación y una reserva estratégica de recursos, esa discusión deja de ser exclusivamente diplomática o institucional y pasa a convertirse en una cuestión de desarrollo regional.
