El reciente doble homicidio ocurrido en Comodoro Rivadavia, en el que una de las víctimas iba a declarar como testigo en una causa judicial, reavivó el debate sobre la aplicación de la Ley Antimafias o de crimen organizado. En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó avanzar con esta herramienta legal para enfrentar a bandas delictivas con amplio historial en la ciudad.
El caso que encendió las alarmas involucra a dos personas asesinadas durante la madrugada del miércoles. Según la investigación, uno de ellos debía prestar testimonio en una causa vinculada al homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente cometido por un miembro del clan Vera. Además, trascendió que una de las víctimas tenía antecedentes penales y había sido condenada en 2019 por el asesinato de un mecánico.
Qué es la Ley Antimafias
La Ley Antimafia, sancionada por el Congreso en 2025, es una normativa orientada a combatir el crimen organizado mediante el desmantelamiento integral de las estructuras delictivas. A diferencia de enfoques tradicionales, esta legislación permite juzgar no solo a los autores materiales de un delito, sino también a todos los miembros que integran la organización.
El primer capítulo de la ley define como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que actúe de forma coordinada y sostenida en el tiempo para cometer delitos graves. Estas estructuras suelen operar en áreas geográficas específicas, con métodos definidos y el objetivo de obtener beneficios ilícitos o generar intimidación en la población.
Alcance y delitos contemplados
La normativa abarca una amplia gama de delitos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, corrupción y extorsión. Además, establece criterios claros para determinar la vinculación entre distintos hechos delictivos y una misma organización, como la reiteración de crímenes en determinadas zonas o la intención de amedrentar a autoridades.
Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de declarar ciertas áreas como zonas de investigación especial. Esto habilita una mayor intervención de fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, en coordinación con la Justicia, e incluye herramientas como la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes.
Penas y herramientas judiciales
La ley introduce modificaciones en el Código Penal que endurecen las sanciones para quienes participen o colaboren con organizaciones criminales. Las penas pueden ir de ocho a veinte años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos.
Asimismo, contempla el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades ilícitas, incluso antes de una condena firme. En estos casos, si el Ministerio Público Fiscal lo solicita, los activos pasan de manera provisoria al Estado. En caso de absolución, se garantiza la restitución de los bienes a sus propietarios.
Un debate que se reactiva en Comodoro
El pedido de aplicar esta ley en Comodoro Rivadavia se da en un escenario de creciente preocupación por el accionar de bandas delictivas organizadas. Para las autoridades, se trata de una herramienta clave para desarticular estos grupos y prevenir nuevos hechos de violencia.
