El gobernador Ignacio Torres pidió aplicar la ley de crimen organizado en Comodoro Rivadavia tras el doble homicidio ocurrido en la madrugada del miércoles, que vuelve a poner en foco a bandas con extenso prontuario en la ciudad.
“El problema no se resuelve suspendiendo juicios. La solución es que haya condenas ejemplares y que quienes integran estas organizaciones estén en la cárcel”, sostuvo el mandatario, en referencia a las familias Vera y Nieves, investigadas por múltiples hechos delictivos.
Doble homicidio y un testigo clave asesinado
El hecho que reactivó la preocupación ocurrió cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro. Según la investigación judicial, una de las víctimas iba a declarar como testigo en una causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente cometido por un miembro del clan Vera.
Además, se informó que una de las víctimas tenía antecedentes: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y recuperó la libertad tras una reducción de pena.
Avanzar contra estructuras delictivas
En ese contexto, Torres insistió en la necesidad de utilizar herramientas más firmes para combatir el crimen organizado. “Hoy tenemos una ley que nos permite avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los vecinos desde hace años”, afirmó.
El gobernador realizó estas declaraciones acompañado por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; y autoridades de la Policía del Chubut, tras una reunión de análisis de la situación.
Mesa de trabajo con Justicia y fuerzas de seguridad
Como parte de las medidas, el Gobierno provincial anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fiscales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para coordinar acciones y avanzar en las investigaciones.
“Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, aseguró el mandatario.
Qué permite la ley de crimen organizado
La normativa nacional vigente desde 2025 permite juzgar a todos los integrantes de una organización criminal, no solo a los autores materiales de los delitos. El objetivo es desarticular las estructuras completas.
Las penas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión para quienes formen parte de estas organizaciones.4
