La polémica por la ley que habilita la reelección indefinida de intendentes y presidentes de comunas rurales sigue generando repercusiones dentro de la Unión Cívica Radical de Chubut. Luego de que el Comité Departamental de Esquel reclamara públicamente al gobernador Ignacio Torres que vete la norma sancionada por la Legislatura, ahora diez comités del interior provincial hicieron público un pronunciamiento en el mismo sentido.
La declaración lleva la firma de las autoridades partidarias de El Maitén, El Hoyo, Cholila, Lago Puelo, Río Mayo, Río Senguer, Aldea Beleiro, Gualjaina, Sarmiento y Epuyén, que expresaron un fuerte rechazo a la modificación legislativa al considerar que representa «un retroceso institucional» y contradice los principios históricos del radicalismo.
En el documento, los dirigentes sostienen que la reforma elimina los límites temporales a los mandatos de los jefes comunales y advierten que fue impulsada sin consultar a las bases partidarias ni a los dirigentes territoriales que integran el frente político.
Los comités recuerdan además que fue la propia UCR la que promovió la denominada Ley Caminoa para establecer límites a las reelecciones y fortalecer la alternancia democrática. Por ese motivo, entienden que la reciente modificación implica desandar un camino que el radicalismo impulsó durante años para evitar la concentración del poder.
El pronunciamiento también contiene críticas hacia los legisladores que acompañaron la iniciativa y reclama al bloque radical y a sus aliados una posición firme para impedir que se consolide un esquema que, según afirman, favorece los personalismos y debilita el funcionamiento de los partidos políticos.
Al igual que el Comité Departamental de Esquel, los dirigentes del interior le solicitaron al gobernador Ignacio Torres que haga uso de la facultad constitucional del veto para impedir la promulgación de la ley.
Finalmente, convocaron a la militancia radical de toda la provincia a mantenerse en estado de alerta y movilización para defender la alternancia política y la calidad institucional de Chubut.
Con este nuevo pronunciamiento, el rechazo interno dentro del radicalismo provincial comienza a tomar mayor volumen y suma presión sobre el gobernador, quien deberá definir en los próximos días si promulga la norma aprobada por la Legislatura o decide vetarla, como le reclaman distintos sectores de su propio espacio político.
