La Oficina Judicial de Rawson fue sede de la audiencia preliminar al juicio oral y público en el que está imputado Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado. En este encuentro procesal, la jueza de garantías Eve Ponce se tomó el plazo legal de tres días para definir si envía la causa a debate oral. Durante la jornada, la defensa técnica solicitó el sobreseimiento del gremialista tras cuestionar el desarrollo del proceso penal, planteos que fueron rechazados por la fiscalía.
El fiscal general jefe Lucas Papini se opuso a los requerimientos presentados por el abogado defensor Oscar Romero y remarcó que las observaciones formuladas ya habían sido resueltas por otros magistrados en etapas anteriores. Por este motivo, la fiscalía ratificó su pedido para que se dicte el auto de elevación a juicio oral contra el referente de ATE Chubut. De ser hallado culpable, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella anticiparon que solicitarán una pena de cumplimiento efectivo.
La acusación por desvío de fondos en ATE Chubut
La investigación judicial se centra en el presunto desvío de dinero desde una cuenta del gremio estatal en el Banco del Chubut hacia cuentas bancarias particulares. De acuerdo con la acusación, los fondos eran utilizados para solventar gastos personales y realizar pagos de tarjetas de crédito. La causa tomó impulso a partir de la denuncia presentada a fines del año 2023 por la exsecretaria de finanzas de la entidad sindical, Claudia Barrionuevo.
Guillermo Quiroga encabeza ATE Chubut desde 2019, período en el cual su exesposa, Mirta Simone, comenzó a ejercer como secretaria administrativa del sindicato. Simone estuvo imputada en la misma causa y en 2024 accedió a una suspensión del juicio a prueba por el lapso de un año, medida que continúa vigente.
Informes periciales y la representación de los afiliados
Para sostener la imputación contra el titular de ATE Chubut, contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General analizaron los movimientos de las cuentas bancarias desde 2019 hasta la fecha de la denuncia. Por su parte, los abogados querellantes Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, en representación de los afiliados denunciantes, acompañaron la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y solicitaron que el debate se lleve a cabo ante un tribunal unipersonal.
