Un hombre acusado de cometer dos hechos de violencia de género contra su expareja fue enviado a prisión preventiva por tres meses, luego de que la Fiscalía de Esquel acreditara un elevado riesgo para la integridad física y la vida de la víctima.
La medida fue resuelta durante una audiencia de urgencia, en la que la fiscal Rafaella Riccono y la abogada de Fiscalía Lucía Estuardo Toppazzini formalizaron la investigación penal preparatoria y solicitaron la detención preventiva del imputado.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) señalaron que los episodios investigados evidencian una escalada de violencia y demostraron que las medidas de protección dictadas con anterioridad resultaron insuficientes para resguardar a la mujer.
Dos ataques en menos de diez días
Según la investigación, el primer hecho ocurrió el 19 de julio, alrededor de las 13:00, cuando el acusado habría amenazado de muerte a su expareja con un arma blanca. De acuerdo con la acusación, posteriormente la golpeó y la empujó, provocándole una lesión en una de sus muñecas.
Tras ese episodio, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que el 27 de julio, cerca de las 2:30 de la madrugada, el hombre incumplió esa restricción y regresó al domicilio de la mujer. Al no poder ingresar por la puerta principal, habría forzado una ventana para entrar a la vivienda.
Siempre según la acusación, la víctima intentó escapar hacia el exterior, pero fue alcanzada por el imputado, quien volvió a agredirla físicamente y a amenazarla.
Los argumentos de la Fiscalía
Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar la probabilidad de autoría, respaldados por certificados médicos, el secuestro del arma blanca presuntamente utilizada y diversos testimonios incorporados a la causa.
Además, advirtió sobre el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, remarcando que el acusado ya tenía una condena previa por hechos de violencia contra la misma víctima, acumulaba siete desobediencias judiciales y habría cometido los nuevos delitos mientras se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.
El juez ordenó la prisión preventiva
Durante la audiencia, la Defensa Pública se opuso al pedido de la Fiscalía y propuso medidas alternativas a la detención, basándose en una versión distinta de los hechos brindada por el imputado.
No obstante, el juez rechazó ese planteo y ordenó la prisión preventiva por el plazo de tres meses, al considerar que era la única medida eficaz para proteger a la víctima y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
En su resolución, el magistrado fundamentó la decisión en los estándares de protección establecidos por la Convención de Belém do Pará, destacó la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y sostuvo que el acusado había demostrado reiteradamente su incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas en su contra.
