En medio de la polémica generada por la difusión de una cámara oculta que muestra la entrega de una suma de dinero a un defensor trelewense, la fiscal Julieta Gamarra salió públicamente a rechazar cualquier vinculación con un presunto pago irregular y aseguró haberse puesto a disposición de la Justicia para que se investigue lo sucedido.
Tal como anticipó más temprano Canal 12 Web, la funcionaria se presentó en la Fiscalía de Trelew para activar el mecanismo previsto en el artículo 68 de la Constitución de Chubut, conocido como vindicación, que permite a los funcionarios públicos solicitar formalmente una investigación cuando son denunciados o involucrados en hechos que afectan su función.
“Lo que hice hoy fue presentarme ante el fiscal jefe de Trelew, el doctor Omar Rodríguez. Frente a una situación donde estamos denunciados funcionarios públicos, corresponde presentarnos”, explicó.
La fiscal sostuvo que su principal objetivo fue ponerse a disposición de la Justicia tras la viralización del video, donde se observa al abogado recibiendo dinero de una mujer a la que ella misma identificó como la madre de Pablo Ezequiel Ferreyra, conocido como “El Chavo”, tal como publicó este medio.
“En ese video se puede observar claramente a un defensor, el doctor Martín Castro, recibiendo una cantidad de dinero de la madre de un imputado de una causa que yo investigué, Pablo Ferreyra. La situación queda como si ese dinero fuera para mí o como si yo lo hubiera pedido a cambio de realizar un juicio abreviado”, señaló.
Ante ese escenario, Gamarra pidió que se cite a declarar tanto al defensor como a la mujer que entrega el dinero, además del propio Ferreira. “Lo que quise fue ponerme a disposición para que se me investigue y pedir específicamente que se le tome testimonio a Martín Castro, a la madre de Pablo Ferreira y al propio imputado”, indicó.
La fiscal remarcó que el caso reviste una “enorme gravedad institucional”, no solo por el impacto personal que le genera, sino también por el efecto que puede tener sobre la credibilidad del MPF. “Entiendo que tiene una gravedad enorme lo que se viralizó. El daño que generan estas situaciones es enorme a nivel personal y profesional, pero también para la transparencia del Ministerio Público Fiscal”, afirmó.
En ese marco, rechazó de forma contundente cualquier irregularidad. “Niego categóricamente haber recibido cualquier tipo de dinero o haber pedido dinero para realizar un juicio abreviado”, sostuvo.
Gamarra explicó que el juicio abreviado es una herramienta legal prevista por el Código Procesal que se aplica con frecuencia cuando un imputado decide reconocer su responsabilidad y aceptar una condena sin llegar a un juicio oral. “El juicio abreviado implica que el imputado acepta una condena sin ir a juicio. Siempre se negocian las condiciones entre la fiscalía y la defensa”, detalló.
En el caso de Ferreyra, precisó que el acuerdo existió y derivó en una condena de un año de prisión efectiva, superior al mínimo previsto por el delito. “El mínimo era de seis meses y lo condenamos a un año, en razón de que Pablo Ferreyra tenía numerosos antecedentes condenatorios”, explicó.
Según relató, el defensor buscó durante las negociaciones reducir la acusación, pero ella decidió mantener la calificación original. “El defensor pretendía que sacara algunos de los delitos que había imputado. Me negué y mantuve la misma calificación desde la apertura de la investigación”, dijo.
Gamarra puso a disposición su celular
Como parte de su presentación ante la Justicia, Gamarra dejó a disposición su teléfono celular para que se revisen todas las comunicaciones con Castro. “En mi teléfono tengo todas las comunicaciones con el doctor Martín Castro desde febrero. Incluso hay audios donde él me dice: ‘Juli, después de tanto intentar hablar con Pablo, aceptó un año’. Eso demuestra que el acuerdo no fue fácil ni beneficioso para él”, explicó.
La fiscal sostuvo que en ningún momento de esas conversaciones se menciona dinero ni pedidos indebidos. “No surge en ningún momento ni pedir dinero ni que se me ofrezca dinero. Está todo el procedimiento normal que hago con todos los defensores”, remarcó.
Además, planteó su hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. “Creo que Martín Castro pidió más dinero del que correspondía por honorarios y dijo que lo pedía la doctora Gamarra para justificar una suma abultada. Pero eso es algo que tendrá que explicar él”, manifestó.
Gamarra apuntó al abogado
En ese sentido, consideró clave su testimonio. “Martín Castro tendrá que aparecer y decir cuál es la realidad. Yo no recibí ningún dinero, ni me ofrecieron ni pedí”, aseguró.
Gamarra también pidió que se cite a la madre del imputado, a quien dijo conocer por otras causas judiciales. “Es la madre de Pablo Ferreyra. La conozco porque trabajamos esta causa desde enero de 2025 y ella estuvo presente en las audiencias”, explicó.
La fiscal también señaló que le resulta llamativo que el video haya aparecido casi un año después del juicio abreviado. “El acuerdo se hizo el 8 de mayo de 2025 y esto aparece casi diez meses después. Es muy extraño”, sostuvo.
No obstante, evitó vincular la difusión con alguna causa en particular. “No puedo relacionarlo concretamente con algo, pero sí me resulta totalmente extraño”, indicó. La funcionaria también aclaró que el hecho no guarda relación con su actual cargo al frente de la agencia anticorrupción.
“Esto ocurrió hace un año. El abreviado existió y están las constancias en las audiencias, pero no hubo nada a cambio”, remarcó.
Seguirá al frente del cargo y dijo que el video está «claramente editado»
Consultada sobre su continuidad en el cargo, aseguró que por ahora seguirá al frente del organismo. “Por el momento no voy a pedir licencia”, respondió. También confirmó que no se comunicó con el defensor involucrado.
“No tengo por qué comunicarme con Castro. Él tendrá que decir la verdad sobre lo que pasó”, afirmó.
Finalmente, la fiscal señaló que el video que circula en redes sociales parece estar editado, aunque reconoció que podría haber sido grabado por los familiares del imputado como forma de dejar constancia del pago.
“Ese video claramente está editado. No tengo dudas de que puede haber sido filmado por la familia como una forma de asegurarse que pagaron. Pero lo grave es la mentira que hay en el medio”, concluyó.
