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La fiscal Gamarra se presentó en la Justicia tras la viralización del video con una presunta entrega de dinero

En la grabación, un abogado de Trelew habría recibido $12 millones que, según lo que se observa en el material, estarían vinculados a un presunto acuerdo judicial.

Crédito: Radio Chubut

La fiscal general de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, se presentó este jueves en la sede del Ministerio Público Fiscal en Trelew para ponerse a disposición de la Justicia tras la difusión de un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas y que generó una fuerte repercusión en el ámbito judicial de la provincia.

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La presentación se realizó en el marco del derecho de vindicación previsto en la Constitución, que establece que todo funcionario público que se vea mencionado o sospechado en un hecho que pudiera constituir un delito debe presentarse voluntariamente ante la Justicia para ser investigado.

El video que motivó la intervención judicial fue difundido en redes sociales durante la tarde del miércoles. En la grabación, un abogado trelewense habría recibido 12 millones de pesos en efectivo de parte de la madre de un condenado al que representaba como defensor.

De acuerdo con lo que se observa en el material, el dinero estaría presuntamente destinado a quien era fiscal de Trelew, como recompensa por haber solicitado una pena de sólo un año de prisión para el acusado.

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En paralelo, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, también se presentó ayer ante la Justicia y formuló una denuncia para que se investigue lo ocurrido. El funcionario radicó la presentación ante el fiscal general Omar Rodríguez y solicitó que se analice el contenido del video que comenzó a circular públicamente.

El artículo 68 de la Constitución establece que todo funcionario público que se encuentre sospechado de participar en un hecho que pueda constituir delito tiene la obligación de presentarse voluntariamente para ser investigado, a fin de esclarecer cualquier circunstancia vinculada con el caso.

El MPF deberá iniciar las actuaciones correspondientes para analizar el contenido del material difundido, determinar el contexto en el que fue grabado el video y establecer si existió o no la comisión de un delito, conforme a los procedimientos previstos por la ley.

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