La difusión de una cámara oculta que muestra un presunto pago de 12 millones de pesos para influir en una condena judicial volvió a poner en el centro de la polémica a P.E.F., conocido en el ambiente delictivo como “El Chavo”, uno de los nombres más temidos del circuito criminal de Trelew.
El material, que se viralizó en redes sociales y ya motivó presentaciones judiciales para que se investigue su contenido, involucra a un abogado de la ciudad y menciona a funcionarios judiciales. Sin embargo, según surge del contexto del video, el beneficiario implícito del supuesto arreglo sería P.E.F., cuya causa penal tramitada durante 2025 tuvo la participación de los mismos actores judiciales.
“El Chavo” construyó su reputación dentro del mundo del delito en distintos barrios populares de Trelew, como Barrio Constitución y Los Aromos. De acuerdo con registros judiciales, su historial delictivo incluye causas y condenas por portación ilegal de arma de guerra, violación de domicilio, amenazas agravadas, lesiones, desobediencia judicial y ataques con arma blanca. En más de una oportunidad perdió beneficios procesales, como la prisión domiciliaria, por incumplir las condiciones impuestas por la Justicia.
Uno de los episodios que consolidó su notoriedad ocurrió en enero de 2025, cuando protagonizó un violento enfrentamiento con policías y vecinos en el barrio Constitución. Según la reconstrucción judicial, salió de su vivienda con el torso desnudo, insultó a los efectivos y arrojó botellas, ladrillos y otros objetos contra los agentes. Durante el incidente también dañó un patrullero y rompió una puerta de reja de una vivienda ajena.
En medio del episodio, además, amenazó a una familia del barrio, a la que le dio “24 horas para irse” de la cuadra, asegurando que ese sector “le pertenecía”. Superados en número, los agentes se retiraron del lugar y el propio P.E.F. grabó videos que luego subió a redes sociales, en los que se jactaba de lo ocurrido con frases que rápidamente se viralizaron.
Poco después del incidente, un amplio operativo policial terminó con su detención. La fiscal Julieta Gamarra lo imputó por atentado contra la autoridad agravado —con doble agravante por uso de arma y por la participación de más de tres personas— en concurso real con daño agravado.
Inicialmente quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses y posteriormente, en mayo de 2025, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado realizado ante la jueza Mirta Moreno. En esa instancia fue condenado a un año de prisión efectiva y declarado reincidente. Tras cumplir la pena, recuperó la libertad en enero de 2026.
Más allá de los episodios de violencia callejera, fuentes judiciales y policiales lo señalan también como uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región, vinculado a la distribución de estupefacientes en distintos barrios populares de Trelew, donde mantendría un fuerte control territorial mediante intimidación.
Cuando fue detenido en enero de 2025, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, celebró el operativo y lo calificó como un “peligroso delincuente que durante mucho tiempo aterrorizó a los vecinos de Trelew, envenenando a nuestros jóvenes con el flagelo de las drogas”.
Durante las audiencias judiciales, la fiscal Gamarra también lo describió como una persona que “cree que la justicia la imparte él”, que se considera dueño de sectores del barrio y que decide quién puede vivir allí, manteniendo a los vecinos bajo un clima permanente de intimidación.
