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Causa escuela de El Maitén: la Justicia de Chubut seguirá a a cargo de la investigación

La jueza Karina Breckle rechazó el pedido de incompetencia planteado por los abogados defensores. El fiscal Omar Rodríguez ratificó que, aunque los fondos fueran nacionales, el presunto fraude afecta al presupuesto provincial.

La Justicia de Chubut confirmó que mantendrá la competencia en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Escuela N° 93 de El Maitén. Durante la audiencia preliminar, la jueza Karina Breckle resolvió rechazar el planteo de las defensas, que buscaban trasladar el expediente al fuero federal. De esta manera, el proceso judicial continuará su curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

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El origen del caso en El Maitén

La investigación penal tuvo su punto de partida en un grave incidente registrado en la Escuela N° 93, donde un escape de monóxido de carbono afectó la salud de alumnos y docentes. A raíz de este hecho, la fiscalía inició una pesquisa más profunda que permitió detectar posibles maniobras ilícitas en la contratación de obras públicas destinadas al mantenimiento del establecimiento educativo.

El debate por la competencia judicial

El defensor Romano Cominetti, junto al resto de los abogados de los imputados, sostuvo que, al tratarse de fondos de origen nacional, la causa debía ser tramitada en tribunales federales. Sin embargo, el fiscal Omar Rodríguez argumentó con éxito que dichos recursos ya habían sido incorporados al presupuesto de la provincia del Chubut, lo que otorga jurisdicción a los tribunales locales para juzgar una eventual administración fraudulenta.

Nueve imputados

En esta causa por irregularidades en la Escuela de El Maitén se encuentran investigadas nueve personas, entre las que figuran exfuncionarios provinciales y particulares. Los delitos que se les atribuyen incluyen:

  • Administración fraudulenta.
  • Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
  • Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la acusación fiscal, existió un presunto esquema de direccionamiento de obras que comprometió el correcto uso de los recursos públicos. Tras la resolución de la jueza Breckle, se fijó la fecha para dar continuidad a la audiencia preliminar al juicio oral y público.

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