La causa que investiga la muerte de Ángel López, en Comodoro Rivadavia, volvió a registrar un giro trascendental. Este miércoles, el tribunal revisor integrado por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro hizo lugar a un planteo de la defensa y resolvió revocar la decisión adoptada por el juez Alejandro Soñis, ordenando la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución busca despejar las diferencias existentes entre los dictámenes emitidos por el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut y el médico legista Federico Segura, cuyos informes presentan conclusiones divergentes sobre aspectos centrales de la investigación.
Los especialistas de la Corte deberán expedirse específicamente sobre dos cuestiones consideradas determinantes para el avance de la causa. En primer lugar, deberán establecer si las lesiones halladas en la parte interna del cuero cabelludo del niño tuvieron entidad suficiente para provocar su muerte. Además, deberán determinar si corresponde considerar el límite temporal inferior a 12 horas establecido en el informe histopatológico respecto de esas lesiones.
Para concretar esta nueva instancia pericial, el tribunal dispuso librar oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá a su cargo la tramitación del requerimiento. Junto con la solicitud se enviarán copias certificadas de la historia clínica de Ángel López, el estudio histopatológico, los informes elaborados por el Cuerpo Interdisciplinario Forense en abril, mayo y junio de 2026, así como también el dictamen presentado por el doctor Segura.
La ampliación de la acusación fiscal
La decisión del tribunal revisor se produce apenas días después de una audiencia clave en la que los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, acompañados por integrantes del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), solicitaron una ampliación de la investigación a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.
Según expuso la Fiscalía, los informes preliminares de autopsia, el estudio histopatológico y las conclusiones de la junta médica permitieron redefinir la teoría del caso respecto de la participación de los imputados.
En ese contexto, los investigadores sostuvieron que existieron acciones concretas de maltrato ejercidas por los acusados que habrían contribuido al agravamiento del cuadro de salud del niño.
“Hubo acciones de maltrato por parte de Altamirano y González que provocaron un agravamiento en la salud del menor Ángel”, sostuvo el fiscal Oribones durante la audiencia.
La acusación también señaló la existencia de evidencia de múltiples golpes recibidos por el niño, además de presuntas prácticas de castigo que incluían baños con agua fría. Para la Fiscalía, Ángel falleció como consecuencia de una bronquiolitis y bronconeumonía en concomitancia con un traumatismo de cráneo, en un contexto de violencia infantil.
A partir de esta nueva reconstrucción de los hechos, el Ministerio Público Fiscal modificó la participación atribuida a los imputados y planteó la existencia de dos autorías paralelas, descartando la hipótesis inicial de una coautoría funcional.
La calificación legal provisoria se mantuvo como homicidio simple para González, mientras que para Altamirano se sostuvo la acusación por homicidio agravado por el vínculo, aunque ahora bajo una modalidad de comisión directa y no por omisión.
Los fiscales remarcaron además que ambos imputados conocían el delicado estado de salud del niño y lo habrían privado de la asistencia necesaria.
Posturas enfrentadas
Durante la audiencia, el abogado querellante Roberto Castillo, quien participó mediante videoconferencia, manifestó que mantiene una hipótesis distinta a la planteada por la Fiscalía y ratificó su postura inicial respecto de que Ángel fue víctima de reiterados episodios de maltrato.
Por su parte, el defensor de González, Alejandro Varas, solicitó que no se avanzara con la ampliación de la investigación hasta contar con un informe de autopsia definitivo y reclamó una nueva evaluación médica con participación de un perito de parte.
En tanto, la defensora de Altamirano, Vanesa Vera, no objetó la ampliación de la teoría del caso, aunque calificó los informes existentes como “contradictorios y dubitativos”, respaldando la necesidad de ampliar las pericias médicas.
Pese a los cuestionamientos de las defensas, el juez Alejandro Soñis había autorizado la ampliación del objeto procesal impulsada por la Fiscalía, al considerar que existían nuevos elementos probatorios que justificaban profundizar la investigación.
En aquella resolución, el magistrado sostuvo que Ángel López fue víctima de maltrato infantil y entendió que la nueva evidencia incorporada permitía avanzar sobre una hipótesis que vincula directamente esos hechos con el desenlace fatal.
