La sensibilidad social respecto a los derechos de los animales y la persecución penal de los actos de violencia hacia las mascotas vuelve a congregar la atención pública en los tribunales de Chubut. El tratamiento judicial del maltrato animal ha experimentado un cambio de paradigma en la Patagonia, donde las fiscalías ambientales incrementaron el rigor en las investigaciones territoriales. En este marco de evolución doctrinaria y procesal, la capital provincial es la sede del debate jurídico en torno a la trágica muerte de tres canes, un hecho que generó una fuerte indignación entre las organizaciones proteccionistas y la comunidad civil de la región.
Sin que aún se produzca la resolución de la jueza de garantías Laura Martini sobre si el caso va a juicio oral y público, en la mañana de este miércoles se inició la audiencia preliminar por un caso en el que está imputado un vecino de Rawson por su presunta responsabilidad en la muerte por envenenamiento de tres perros. La magistrada, el defensor del imputado, la fiscalía que investigó el caso y el abogado querellante representante de la víctima, llegaron a un acuerdo para seguir fijando sus respectivas posturas en el caso, con el objetivo de que la jueza Martini pueda tener un panorama general y así resolver si se cumplen los requisitos para que el imputado sea sometido a juicio oral y público.
Cámaras de seguridad y la teoría del caso en el barrio La Isla
El legajo de investigación describe de forma pormenorizada las circunstancias de tiempo y espacio en las que se desencadenó el luctuoso episodio en el sector ribereño de la localidad. El imputado es C. R., la fiscalía y la querella sospechan que fue el autor de haber arrojado una riestra de chorizos envenenados hacia el interior del terreno de un vecino con el saldo de la muerte de dos perros hembras y un macho, propiedad Alan Martíni, sobre la calle Tamariscos del barrio La Isla de Rawson.
De acuerdo con los elementos recolectados por los peritos y los registros digitales aportados a la causa, existen registros visuales contundentes que complican la situación procesal del vecino imputado. Las cámaras de seguridad ubican a Rivas arrojando elementos hacia el interior del predio. El hecho bajo investigación se produjo pasadas las 21.30 horas del 1ero. de marzo del año pasado, momento en que los tres animales ingirieron las sustancias letales depositadas en los embutidos.
El rol de la Unidad Especializada y el pedido de sobreseimiento
La tramitación del expediente penal cuenta con la intervención directa de los estamentos específicos creados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut para abordar las problemáticas ambientales. La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Contra Animales. Esta oficina técnica ha liderado diversos procedimientos en la zona del Valle Inferior del Río Chubut enfocados en sancionar las agresiones hacia la fauna urbana y silvestre.
Por su parte, la representación legal de la familia damnificada convalidó las líneas directrices trazadas por el estamento acusador del Estado. El querellante Romano Cominetti representante del propietario de los perros, adhirió a la teoría del caso de la fiscal y complementó la reunión de pruebas con otras evidencias y testimonios que, a su criterio, deberán ser expuestas en el debate que promueven ambos.
En contraposición a las acusaciones formuladas en la sala, la defensa del imputado planteó una estrategia de desvinculación total de la causa penal. El defensor Pablo Sánchez pidió el sobreseimiento para C. R.. Sus argumentos y los de las otras partes se encuentran en análisis que deberá resolver la continuidad del proceso con nuevas argumentaciones que se escuchará este jueves al reanudarse la audiencia preliminar.
Expectativa de penas y una calificación legal rigurosa
La resolución que deba adoptar la jueza Laura Martini en las próximas horas resulta clave, dado que las escalas penales solicitadas por los acusadores no contemplan opciones de resolución alternativa y apuntan al cumplimiento efectivo en prisión, marcando un hito en la jurisprudencia de Chubut para este tipo de delitos penales.
El caso está caratulado como maltrato y crueldad contra los animales con una expectativa de pena para la fiscal de cuatro años de prisión y, para el querellante Cominetti, cinco años y tres meses. De formalizarse la elevación a juicio oral, el proceso capturará la atención de los foros académicos de la Patagonia por los niveles de punición requeridos frente a los actos de biocidio en el ejido urbano de la provincia.
