La investigación por una presunta red de estafas financieras con epicentro en Puerto Madryn comenzó a revelar el complejo mecanismo con el que, según la acusación fiscal, operaba la organización integrada por Alan G., Lautaro G. y el contador Carlos Santiago H., quienes permanecerán detenidos con prisión preventiva por el plazo de tres meses mientras avanza la causa.
La medida fue dispuesta por la jueza María Alejandra Hernández tras una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas y en la que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), expuso una estructura que habría funcionado mediante empresas fantasmas, plataformas digitales y falsas propuestas de inversión y capacitación financiera.
De acuerdo con la hipótesis presentada por el fiscal general Fernando Rivarola, la organización montó una supuesta “academia de negocios” que servía como fachada para atraer víctimas en Madryn y otras provincias argentinas. A través de redes sociales, grupos digitales y contactos virtuales, ofrecían cursos, asesoramientos financieros y esquemas de inversión que prometían ganancias rápidas y rendimientos extraordinarios.
La Fiscalía sostiene que las personas eran convencidas de transferir dinero hacia distintas cuentas y sociedades comerciales creadas especialmente para canalizar los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas. En algunos casos, las empresas receptoras carecían de actividad real y funcionaban únicamente como pantalla para mover el dinero.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que una de las firmas involucradas figuraba a nombre de una persona en situación de calle, utilizada presuntamente como titular formal de una de las sociedades empleadas en la operatoria.
Según se ventiló durante la audiencia judicial, la maniobra habría alcanzado hasta el momento un perjuicio económico estimado en 90 millones de pesos, cifra reconstruida a partir de allanamientos, movimientos bancarios y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados.
El operativo que derivó en las detenciones se realizó el sábado mediante procedimientos simultáneos en diez domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Allí se secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y 7.400 dólares.
La investigación tiene además un alcance federal. Durante la audiencia participaron de manera virtual fiscales de distintas provincias que también cuentan con víctimas que denunciaron haber sido engañadas bajo la misma modalidad y mediante las mismas empresas identificadas por la Justicia.
La causa se encuadra dentro de los lineamientos de cooperación internacional previstos por la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, debido a la complejidad de las maniobras digitales y la posible existencia de conexiones en distintas jurisdicciones.
Para la jueza Hernández, existen elementos suficientes para considerar la presencia de peligros procesales, especialmente por la capacidad económica de los imputados y la magnitud de la estructura investigada. Por ese motivo resolvió dictar la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, declarada además como “causa compleja”, lo que otorgará al Ministerio Público Fiscal un plazo de un año para avanzar con la recolección de pruebas.
Durante la audiencia, las defensas intentaron frenar la medida. El abogado particular del contador argumentó que su cliente no posee antecedentes penales, tiene problemas de salud y que el material tecnológico ya se encuentra secuestrado por la Justicia. En tanto, la defensora pública de los hermanos G. sostuvo que no existen riesgos procesales suficientes para justificar la detención preventiva.
Antes del cierre de la audiencia, los tres acusados denunciaron haber atravesado condiciones irregulares durante su traslado y alojamiento previo, indicando que permanecieron incomunicados, sin posibilidad de higienizarse y sin recibir alimentos. Ante ello, la magistrada ordenó revisaciones médicas para los detenidos.
Mientras avanza la investigación, la Justicia intenta determinar el alcance real de la organización y la cantidad total de damnificados que podrían haberse visto afectados por un esquema que, según los investigadores, combinaba marketing digital, falsas promesas financieras y empresas creadas exclusivamente para sostener la maniobra fraudulenta.
