El ministro de Economía de Chubut, Gustavo Paz, aseguró que la decisión del Gobierno provincial de eliminar los códigos de descuento para préstamos otorgados por mutuales y cooperativas responde a la necesidad de frenar un esquema que, según afirmó, terminó perjudicando a miles de empleados públicos con tasas de interés «usureras».
Durante una entrevista con el programa Activemos, que se emite por FM Del Viento, el funcionario explicó que la medida no implica desconocer la legalidad de esos préstamos, sino poner fin a un mecanismo de cobro automático que, a criterio del Ejecutivo, favorecía a determinadas entidades en detrimento de los trabajadores.
«Había instituciones que otorgaban préstamos legales, pero con tasas que excedían ampliamente cualquier parámetro razonable del mercado. Frente a esa situación decidimos quitar los códigos de descuento y ofrecer una alternativa para que los empleados puedan refinanciar sus deudas», sostuvo.
Refinanciación con el Banco del Chubut
Paz confirmó que los empleados públicos activos de la administración provincial ya pueden iniciar el trámite de refinanciación en cualquier sucursal del Banco del Chubut.
Para acceder al beneficio deberán presentar el DNI, el recibo de sueldo y la documentación que acredite la deuda que pretenden cancelar de manera anticipada. Una vez aprobado el análisis crediticio, será el propio banco el que cancelará directamente la obligación con la entidad acreedora, evitando que el dinero pase por el trabajador. El esquema contempla financiación de hasta 72 cuotas, un año de gracia para el pago del capital y una tasa fija del 25% anual.
«Cada caso será evaluado por el Banco del Chubut como ocurre con cualquier entidad financiera regulada por el Banco Central», aclaró el ministro.
«Un negocio redondo»
Durante la entrevista, el titular de la cartera económica fue especialmente crítico con el funcionamiento de algunas mutuales y cooperativas.
Según explicó, estas entidades no sólo cobraban intereses elevados, sino que además se beneficiaban con un sistema que les garantizaba el cobro automático de las cuotas directamente desde los salarios de los empleados públicos, sin asumir costos administrativos ni riesgos de cobranza.
«Era un negocio redondo para unos pocos. No pagaban impuestos provinciales por el régimen vigente y, además, la Provincia les hacía el trabajo de recaudarles las cuotas mediante el código de descuento», cuestionó.
Incluso reveló que una de esas entidades obtuvo durante 2025 ingresos por aproximadamente 2.000 millones de pesos en concepto de intereses, sin tributar impuestos provinciales debido al régimen de exenciones vigente para mutuales y cooperativas.
La medida ya comenzó a aplicarse
Paz confirmó que el decreto firmado por el gobernador Ignacio Torres ya entró en vigencia y que los códigos de descuento dejarán de aparecer en la próxima liquidación de haberes correspondiente a los salarios de agosto, que se abonarán entre fines de ese mes y principios de septiembre.
En ese escenario, quienes mantengan deudas con mutuales deberán acordar una nueva modalidad de pago o bien optar por refinanciarlas mediante el Banco del Chubut.
«Las herramientas siguen existiendo. Si alguien quiere continuar pagando a esa institución podrá hacerlo mediante un débito en cuenta. Lo que se elimina es el privilegio del descuento automático sobre el sueldo», explicó.
Alrededor de 30 mil empleados alcanzados
El ministro estimó que cerca de 30.000 agentes provinciales podrían acceder a esta alternativa financiera, aunque aclaró que la eliminación de los códigos de descuento sólo alcanza a mutuales y cooperativas determinadas.
Continuarán vigentes, precisó, los descuentos correspondientes al Banco del Chubut, al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a otros conceptos específicos contemplados por la normativa vigente.
«Los sindicatos fueron quienes alertaron sobre la situación»
Paz reveló además que la decisión surgió a partir de numerosos planteos recibidos por parte de trabajadores y organizaciones sindicales, que advirtieron al Gobierno sobre el crecimiento del endeudamiento mediante este tipo de préstamos.
A partir de esas presentaciones, el equipo económico analizó el funcionamiento del sistema y concluyó que era necesario intervenir para ofrecer una alternativa de financiamiento más conveniente para los empleados públicos.
El funcionario también sostuvo que muchas personas terminaban recurriendo a estas entidades luego de agotar su capacidad crediticia en bancos tradicionales, donde existen mayores controles sobre la situación financiera del solicitante.
«Cuando un banco ya no puede prestar más porque la capacidad de pago está comprometida, aparecen estas alternativas con pocos requisitos y tasas muy elevadas. Ahí comienza el peor escenario para muchas familias», concluyó.
