Durante un rutinario control policial en Rawson, una mujer que conducía una motocicleta fue detenida por efectivos de la fuerza de seguridad tras constatar que circulaba bajo los efectos del alcohol y con una chapa patente de procedencia irregular. La aprehensión fue declarada legal por la Justicia en la correspondiente audiencia de control de detención.
Detalles del control policial en Rawson y el secuestro de la moto
El procedimiento se inició cuando el personal policial apostado en la vía pública observó que la mujer se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha que no poseía las luces reglamentarias encendidas. Al ser interceptada por los uniformados, se constató de inmediato que la conductora se encontraba en evidente estado de ebriedad.
Al momento de solicitarle la documentación obligatoria para circular por la vía pública, la joven se mostró reticente y admitió que no contaba con los papeles del rodado. Ante esta situación, los agentes procedieron a su demora preventiva. Posteriormente, al verificar el vehículo, se corroboró que la chapa patente colocada en la moto secuestrada marca Yamaha pertenecía en realidad a una motocicleta marca Motomel.
Audiencia judicial tras el control policial en Rawson
La audiencia de control de detención estuvo a cargo de la jueza penal de garantías de la capital provincial, Eve Ponce, quien resolvió que todo el procedimiento llevado a cabo por la fuerza policial estuvo ajustado a derecho. Por el Ministerio Público Fiscal actuaron la abogada de fiscalía Marcela Barrios y la procuradora fiscal Silvina Nicholson, mientras que la joven demorada recibió la asistencia técnica de la Defensa Pública.
Tras convalidar la actuación de los uniformados, la magistrada Ponce ordenó la inmediata libertad de la conductora. Sin embargo, el caso dejó una directiva clave para el accionar de las fuerzas policiales de la localidad en el futuro.
Directiva de la jueza Ponce ante infracciones de convivencia
Además de ordenar la soltura de la joven, la jueza de garantías dispuso una notificación oficial dirigida al jefe de la Policía de Rawson. En la resolución, determinó que en los casos donde se demore a un ciudadano bajo los lineamientos de la Ley XV-27 (correspondiente al Código de Convivencia Ciudadana), la fuerza de seguridad tiene la obligación de dar inmediato aviso e intervención al Juzgado de Paz correspondiente.
