El Senado de la Nación tratará este jueves 16 de julio el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone modificaciones en distintas normas vinculadas a la compra de tierras rurales por extranjeros, los desalojos de viviendas, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será uno de los principales temas que buscará aprobar el bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, durante la sesión convocada para este jueves al mediodía.
La iniciativa ya había sido incluida en oportunidades anteriores, pero su tratamiento fue postergado por diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas, especialmente por los cambios vinculados a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Compra de tierras por extranjeros
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las restricciones generales para la compra de tierras rurales por extranjeros.
La propuesta establece que las provincias tendrán un rol clave en la autorización de estas operaciones y mantiene la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que exista una autorización conjunta del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.
En el caso de los campos ubicados en zonas de frontera, será obligatorio contar con el aval de ambas jurisdicciones.
Además, el texto incorpora el mecanismo de silencio administrativo. Si ni la Nación ni la provincia presentan objeciones dentro de un plazo de 180 días, la compra quedará automáticamente autorizada y el adquirente será reconocido como propietario de pleno derecho.
Cómo serán los desalojos
El proyecto también modifica las normas sobre desalojos. En los casos de inmuebles usurpados o ocupados por tenedores precarios, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del bien cuando considere que el derecho invocado por el propietario es verosímil y exista documentación que lo respalde.
Asimismo, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas si el propietario presenta la solicitud correspondiente.
Para los alquileres con deuda, la iniciativa establece que el propietario deberá enviar previamente una carta documento o una notificación electrónica, otorgando al inquilino un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar el pago.
Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo, que deberá concretarse en un plazo de 10 días hábiles.
El texto también aclara que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves, aunque conservará el derecho de reclamar posteriormente las deudas pendientes.
Cuando en el inmueble residan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, con el fin de garantizar una alternativa habitacional transitoria antes de concretar el desalojo.
Cambios en las expropiaciones
Otro capítulo del proyecto modifica el régimen de expropiaciones.
La iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar expresamente las razones que justifiquen la medida.
Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, un porcentaje que no estaba contemplado en la versión original del proyecto.
También establece que la tasa de interés aplicable será la correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a treinta días.
Qué cambia en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto propone modificar aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.
En ese sentido, elimina la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de los terrenos incendiados en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Sin embargo, mantiene la protección vigente para los bosques nativos y humedales, donde seguirá prohibido modificar el destino de las superficies afectadas por incendios durante 60 años, tal como establece la legislación actual.
Un proyecto que llega con cambios
Durante la negociación parlamentaria, la iniciativa sufrió diversas modificaciones respecto de su versión original.
Uno de los cambios más importantes fue la eliminación del capítulo referido a la Ley de Barrios Populares, ya que distintos sectores advirtieron que su redacción inicial podía derivar en una ola de desalojos y había recibido fuertes cuestionamientos, incluso por parte de la Iglesia Católica.
Con estas modificaciones, el oficialismo intentará reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley durante la sesión prevista para este jueves en el Senado.
