El juicio por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en su etapa decisiva con una fuerte acusación por parte de la fiscalía, que sostuvo que el desastre ocurrido en noviembre de 2017 no fue un hecho imprevisible ni accidental.
Durante los alegatos desarrollados ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales afirmaron que las condiciones en las que operaba el submarino eran conocidas por la cadena de mando y que existían múltiples señales de alerta que no fueron atendidas.
“El hecho hubiera podido evitarse” y “el resultado era predecible” fueron algunas de las expresiones utilizadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal para resumir su postura.
Según la acusación, los imputados permitieron que la nave continuara operando pese a las restricciones técnicas y a los antecedentes que evidenciaban problemas de seguridad.
Las penas solicitadas
La fiscalía pidió las condenas más severas para dos de los principales responsables de la estructura naval de aquel momento.
Las solicitudes fueron las siguientes:
- 5 años de prisión para Luis Enrique López Mazzeo, contralmirante retirado y excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.
- 5 años de prisión para Claudio Villamide, excapitán de navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos.
- 4 años de prisión para Héctor Aníbal Alonso.
- 3 años de prisión para Hugo Miguel Correa.
Los cuatro acusados llegaron al juicio en libertad.
Una cadena de decisiones que, según la acusación, condujo a la tragedia
Durante la exposición, los fiscales reconstruyeron detalladamente el funcionamiento de la cadena de mando y describieron una serie de presuntas irregularidades vinculadas con el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento del submarino.
Según el Ministerio Público, el ARA San Juan acumulaba antecedentes técnicos que debían haber motivado controles más estrictos y medidas preventivas adicionales.
La acusación sostiene que los responsables contaban con información suficiente para advertir los riesgos asociados a la navegación de la embarcación, pero no adoptaron decisiones que garantizaran la seguridad de la tripulación.
Para la fiscalía, los acusados incumplieron los deberes inherentes a sus cargos y expusieron a los marinos a una situación de riesgo extraordinario.
La inspección de seguridad que nunca se realizó
Uno de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con una inspección de seguridad que, según la investigación, debía realizarse antes de la última misión del submarino.
La fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Andrea Garmendia, sostuvo que esa revisión fue postergada para privilegiar la continuidad de las operaciones navales.
“Se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. La revisión fue postergada para diciembre de 2017”, señalaron los fiscales durante la audiencia.
Para la acusación, esa decisión constituye una muestra clara de las fallas en la gestión y el control de la embarcación.
“Debía ser predecible el resultado”
En relación con el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, la fiscal Garmendia sostuvo que tenía la obligación de prever las consecuencias que podía generar la situación operativa del submarino.
“Debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le eran exigibles”, afirmó durante su exposición.
La fiscalía considera que los problemas técnicos y las advertencias existentes eran suficientes para adoptar medidas preventivas que evitaran la tragedia.
El hundimiento que conmocionó al país
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía desde Ushuaia hacia Mar del Plata. A bordo viajaban 44 tripulantes, cuya muerte fue confirmada tras la localización de los restos de la nave.
La búsqueda movilizó durante meses a organismos nacionales e internacionales y mantuvo en vilo a todo el país.
Finalmente, el submarino fue hallado un año después de su desaparición, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, poniendo fin a una de las operaciones de búsqueda más complejas de la historia argentina.
El debate oral es encabezado por los jueces Mario Reynaldi, quien preside el tribunal, junto a Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.
Por parte del Ministerio Público Fiscal intervienen Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia.
Tras los alegatos de la fiscalía será el turno de las querellas que representan a familiares de las víctimas, encabezadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, para luego dar paso a las defensas de los acusados.
