La causa por presunta contaminación ambiental que involucra a Conarpesa sumó un nuevo capítulo judicial. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió por unanimidad revocar la absolución dictada por la jueza Patricia Reyes y ordenó que otro tribunal realice un nuevo juicio para evaluar nuevamente las pruebas incorporadas durante el proceso.
La resolución, que se conoció este miércoles a la tarde, surge a partir de la impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó duramente el fallo absolutorio al considerar que contenía errores en la aplicación de la ley penal, insuficiente fundamentación y contradicciones que afectaban su validez jurídica.
Con esta decisión, el expediente vuelve a tomar impulso y la responsabilidad penal de los acusados deberá ser nuevamente analizada en un debate oral ante un tribunal diferente.
La causa se originó tras la detección de un presunto sistema ilegal utilizado para descargar líquidos industriales sin tratamiento directamente en las aguas del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn.
La Fiscalía acusó a Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y a Yosef Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes, de haber permitido el funcionamiento de un mecanismo clandestino destinado a derivar residuos pesqueros sin procesar al mar durante al menos dos jornadas de febrero de 2023.
Ambos imputados fueron representados durante el proceso por el cuestionado abogado Luis Novoa y habían sido absueltos en primera instancia. Sin embargo, el fallo ahora quedó sin efecto tras la intervención del máximo tribunal provincial.
Contaminación muy por encima de los límites permitidos
Durante el juicio, el fiscal jefe Alex Williams sostuvo que las pruebas científicas reunidas durante la investigación demostraron niveles de contaminación extremadamente superiores a los admitidos por la normativa ambiental vigente.
Según las pericias incorporadas al expediente, la legislación autoriza un máximo de 50 miligramos por litro de materia orgánica, mientras que las muestras obtenidas durante la investigación registraron valores superiores a 1.500 miligramos por litro.
Pero ese no fue el único indicador alarmante.
Especialistas del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) determinaron que los residuos analizados presentaban:
- Sólidos suspendidos 21 veces por encima de los límites permitidos.
- Demanda biológica de oxígeno 60 veces superior.
- Concentraciones de amonio 25 veces más elevadas.
- Valores bacteriológicos hasta 2.300 veces superiores a los autorizados.
- Presencia de Escherichia coli hasta 2.700 veces por encima del máximo permitido.
“Estos valores no admiten discusión y reflejan un daño ambiental de magnitud”, sostuvo Williams durante sus alegatos en aquel momento.
La existencia de un “by pass” clandestino
Uno de los elementos centrales de la acusación original fue la supuesta existencia de un sistema paralelo de cañerías utilizado para evitar el tratamiento obligatorio de los residuos industriales.
De acuerdo con la investigación, durante inspecciones realizadas por personal policial y técnicos de Ecología Municipal se detectó una descarga de líquido rojizo con fuerte olor a descomposición proveniente de una cañería no habilitada.
Las pericias determinaron que ese conducto se encontraba conectado con las instalaciones de la empresa.
Para la Fiscalía, se trataba de un “by pass” diseñado específicamente para derivar residuos crudos de langostino directamente al mar sin atravesar el proceso de tratamiento correspondiente.
“El caño no estaba autorizado y tenía una única función: permitir que residuos pesqueros sin procesar terminaran en el mar. No fue una falla técnica, sino una maniobra consciente y organizada”, afirmó Williams.
Mensajes incorporados como prueba complicaron a los acusados
Otro de los elementos considerados relevantes por la primera acusación fueron los mensajes intercambiados entre los imputados durante el desarrollo de la investigación.
Entre las conversaciones incorporadas como evidencia aparece una frase que para la Fiscalía resulta especialmente comprometedora: “No podemos derivar más al by pass”.
Según el Ministerio Público Fiscal, ese intercambio demuestra que tanto Parry como Vargas tenían pleno conocimiento de la existencia del sistema clandestino y de su utilización para desviar efluentes sin tratamiento.
“No hablamos de desconocimiento o de un error operativo. Hablamos de conocimiento, control y decisión de continuar con un mecanismo clandestino que generaba un daño concreto en un área sensible”, argumentó el fiscal.
Consecuencias penales
La acusación encuadra los hechos en el artículo 55 del Código Penal y en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, normativas que sancionan la contaminación ambiental cuando representa un peligro para la salud pública y el ambiente.
Para la Fiscalía, el caso excede ampliamente una infracción administrativa y configura una conducta con relevancia penal.
“El Golfo Nuevo es un área de alta sensibilidad ambiental y turística. Volcar efluentes crudos con niveles de contaminación miles de veces superiores a los permitidos constituye un delito y no una simple falta administrativa”, sostuvo Williams.
Durante el juicio original, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de 3 años y 6 meses de prisión efectiva para Nadine Parry y 3 años y 3 meses para Yosef Vargas.
Ahora, tras la decisión del Superior Tribunal, un nuevo tribunal deberá revisar toda la prueba producida y emitir un nuevo pronunciamiento sobre uno de los casos ambientales más resonantes de los últimos años en Chubut.
