El uso de los celulares en contextos de encierro es tema de discusión en Chubut desde la última semana. El anuncio, el sábado de la otra semana, del Poder Ejecutivo de impulsar una ley para restringir estos dispositivos en unidades penitenciarias abrió un debate complejo, donde confluyen aspectos de seguridad, derechos humanos y las transformaciones que dejó la pandemia en el sistema carcelario.
La iniciativa, que fue presentada por el gobernador Ignacio Torres y su ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, como una respuesta al crecimiento de delitos virtuales, expone tensiones entre distintas miradas del sistema judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal se enfatiza la necesidad de control y prevención, pero la defensa pública advierte sobre el riesgo de vulnerar derechos básicos si no se garantiza un sistema alternativo eficaz de comunicación.
El regreso a la “normalidad” penitenciaria
El proyecto del Gobierno buscaría revertir una situación que se volvió estructural tras la emergencia sanitaria de 2020. Durante la pandemia, la imposibilidad de visitas presenciales llevó a habilitar el uso de celulares como herramienta excepcional para mantener el contacto entre las personas privadas de libertad y sus familias.
“Fue una solución extraordinaria para un tiempo extraordinario. Ese tiempo ya terminó y tenemos que volver a la normalidad”, sostuvo Iturrioz, al justificar la medida.
La propuesta apunta a prohibir la tenencia y uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos de detención, incluidas alcaldías y dependencias policiales, aunque contempla un esquema de comunicaciones controladas: llamadas desde teléfonos habilitados, con horarios y destinatarios previamente definidos.
En el trasfondo, el argumento central es la proliferación de delitos organizados desde el interior de las cárceles. Estafas virtuales, extorsiones y amenazas forman parte de un fenómeno que, según el Ejecutivo, se expandió de la mano del acceso irrestricto a celulares con conexión a internet.
La mirada de los fiscales
Desde la fiscalía, el diagnóstico es claro. La falta de control sobre los dispositivos habilita la continuidad del delito desde el encierro.
La fiscal general de Puerto Madryn, María Eugenia Botero, advierte sobre un cambio sustancial en el uso de la tecnología dentro de los penales. “Hoy un preso puede tener un celular sin control específico, acceder a WhatsApp, a internet, y no existe la identificación que antes permitía saber desde dónde provenía una llamada”, explicó a Canal 12.
Para la funcionaria, el problema no es únicamente la existencia de los dispositivos, sino la ausencia de un sistema de fiscalización efectivo. “Esto tiene que estar regularizado y controlado por las autoridades penitenciarias”, sostuvo, al tiempo que subrayó la necesidad de equilibrar el derecho a la comunicación con mecanismos que eviten usos indebidos.
En la misma línea, el fiscal jefe Alex Williams fue más categórico: “El celular se ha convertido en una herramienta para sostener estructuras delictivas desde el encierro”. Según indicó, diversas investigaciones detectaron maniobras organizadas desde cárceles, lo que refuerza la idea de una respuesta institucional más estricta.
Williams, no obstante, aclaró que la intención no es eliminar derechos, sino encauzarlos: “Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado”.
El derecho a comunicarse no está en discusión
Desde la Defensoría Pública, el enfoque es diferente. Allí no se niega la necesidad de prevenir delitos, pero se cuestiona que la solución pase por una prohibición generalizada.
“El derecho a la comunicación está garantizado por la ley de ejecución penal y forma parte del tratamiento penitenciario”, explicó Andrés Cuarteto esta semana en 12 Noticias. En su visión, el debate no debería centrarse en prohibir o no los celulares, sino en cómo asegurar que ese derecho se ejerza de manera efectiva.
Cuarteto recordó que los dispositivos móviles no ingresaron de manera arbitraria a las cárceles, sino que “vinieron a suplir una carencia del Estado”: la falta de sistemas de comunicación adecuados dentro de los establecimientos.
En algunos penales federales, esa necesidad se cubre con teléfonos semipúblicos o líneas institucionales que identifican el origen de la llamada. Sin embargo, donde esos sistemas no existen, el celular se volvió la única vía posible de contacto con el exterior.
“La discusión es cómo garantizar ese derecho, no cómo restringirlo”, insistió.
En la misma línea, María Eugenia Sánchez remarcó que los celulares actualmente autorizados cuentan con registros y controles, y que no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente esos dispositivos con delitos específicos cometidos desde las cárceles.
“No tenemos comprobado que estos delitos hayan sido realizados por personas privadas de libertad identificadas”, señaló, al tiempo que advirtió que las estafas telefónicas son un fenómeno más amplio, que excede el ámbito penitenciario.
Seguridad y derechos
Por un lado, el Estado tiene la obligación de prevenir delitos y proteger a la ciudadanía. El crecimiento de las estafas virtuales —que afectan especialmente a adultos mayores— añade presión para tomar medidas concretas. Casos extremos, como suicidios vinculados a extorsiones, profundizan la urgencia del problema.
Por otro, el sistema de ejecución penal no se limita al castigo. La ley establece principios de progresividad y reinserción social, donde la comunicación con el entorno familiar y con la defensa cumple un rol central.
La experiencia de la pandemia dejó una huella difícil de revertir: lo que nació como una excepción terminó consolidándose como práctica habitual. Ahora, el desafío es redefinir ese equilibrio sin retroceder en derechos ni habilitar zonas de impunidad.
Legislatura y los posibles cambios
El proyecto ingresará a la Legislatura provincial, donde se anticipa un debate intenso. La diputada Andrea Aguilera adelantó que la iniciativa no solo contempla la prohibición de celulares, sino también medidas complementarias como la instalación de inhibidores de señal.
“Si hubiera celulares dentro de los penales, que no puedan comunicarse”, explicó, marcando una posible línea de endurecimiento.
Sin embargo, también reconoció que el tema requiere discusión en comisiones y la incorporación de distintas miradas. La experiencia de otras jurisdicciones y los antecedentes de la pandemia serán parte del análisis.
Qué modelo de sistema penitenciario se busca construir. ¿Uno centrado en la restricción y el control, o uno que priorice la comunicación como herramienta de reinserción, aun bajo supervisión?
Su respuesta, más que técnica, será política: definir hasta dónde llega la seguridad y dónde comienzan —o terminan— los derechos.
