El proyecto de ley enviado a la Legislatura del Chubut por el gobernador Ignacio Torres, que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en centros de detención de la provincia para prevenir delitos, abrió el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos de las personas privadas de la libertad.
En diálogo con Canal 12 Web, desde la Oficina de Asistencia a las Personas Privadas de la Libertad de Puerto Madryn, el abogado auxiliar letrado Andrés Cuartero y la abogada adjunta María Eugenia Sánchez coincidieron en que el objetivo de evitar hechos delictivos es legítimo, pero advirtieron que cualquier medida debe garantizar el derecho a la comunicación.
El derecho a la comunicación, en el centro del debate
Cuartero remarcó que la comunicación está contemplada en la ley de ejecución penal y forma parte del tratamiento penitenciario. En ese sentido, señaló que la discusión no debería centrarse en la prohibición de los celulares, sino en cómo se regula su uso.
Explicó que actualmente existe un sistema de dispositivos autorizados, en cantidad proporcional a las personas detenidas, que permite mantener el contacto con familiares, la defensa y el sistema judicial. Además, subrayó que estos mecanismos se fortalecieron durante la pandemia ante la imposibilidad de realizar visitas.
En la misma línea, sostuvo que los teléfonos no ingresan de manera indiscriminada, sino que están controlados y cumplen una función clave dentro del régimen de progresividad.
Delitos y dispositivos no autorizados
Por su parte, Sánchez aseguró que no existen registros comprobados de que los delitos telefónicos se cometan mediante los celulares habilitados dentro de los centros de detención.
Indicó que estos dispositivos cuentan con controles e identificación de usuarios, lo que permite su trazabilidad. A su vez, advirtió que muchas de las estafas telefónicas exceden el ámbito carcelario y no pueden atribuirse exclusivamente a personas privadas de la libertad.
Ambos coincidieron en que los hechos delictivos que se detectaron en algunos casos están vinculados al uso de teléfonos ingresados de manera irregular, no a los dispositivos autorizados.
Regulación actual y controles
Cuartero detalló que en la actualidad se permite el uso de celulares básicos, sin acceso a internet ni redes sociales, como una forma de limitar posibles delitos sin impedir la comunicación. Asimismo, explicó que existe una cantidad determinada de teléfonos por pabellón —aproximadamente uno cada cinco internos— y que su uso está restringido a franjas horarias.
Además, destacó que se realizan requisas periódicas y sorpresivas para detectar elementos prohibidos, incluidos celulares no autorizados, lo que permite sancionar las irregularidades.
Comunicación, educación y reinserción
Sánchez remarcó que los dispositivos no solo cumplen una función comunicacional, sino que también se han convertido en herramientas para el acceso a la educación y la reinserción social.
En ese sentido, señaló que, ante la falta de infraestructura en los centros de detención, muchas personas recurren a estos medios para continuar estudios o mantener vínculos con sus familias, especialmente en casos donde la distancia geográfica impide las visitas.
También advirtió que restringir el uso de celulares de manera generalizada podría afectar a quienes hacen un uso legítimo de estos recursos, generando un impacto negativo en su proceso de resocialización.
Debate legislativo en marcha
El proyecto ya ingresó a la Legislatura y comenzará a ser analizado en comisión. Desde la defensa pública indicaron que se encuentran trabajando en una postura institucional y no descartaron participar del debate para realizar aportes.
Cuartero concluyó que el eje de la discusión debe centrarse en cómo el Estado garantizará de manera efectiva el derecho a la comunicación en caso de avanzar con mayores restricciones, señalando que actualmente los celulares suplen falencias estructurales del sistema penitenciario.
