El Poder Ejecutivo de Chubut anunció este sábado que impulsará en la Legislatura un proyecto de ley para restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de los establecimientos de detención, incluyendo unidades penitenciarias, alcaldías y dependencias policiales. La medida apunta a combatir la proliferación de estafas virtuales y otros delitos que se organizan desde contextos de encierro.
Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo presente el propio Ignacio Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, explicó que la decisión responde a la necesidad de “volver a la normalidad” en materia penitenciaria, luego de las flexibilizaciones que se implementaron durante la pandemia de COVID-19.
“Desde el Poder Ejecutivo, con la conducción del gobernador Nacho Torres y desde mi cartera, hemos decidido pedir a los legisladores provinciales —al menos a quienes integran nuestro bloque— que traten con premura una restricción del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en ámbitos de detención”, señaló el funcionario.
Iturrioz recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 establece la prohibición de estos dispositivos dentro de las cárceles, pero que durante la emergencia sanitaria de 2020 y 2021 se permitió su utilización como una medida excepcional para mantener el contacto con familiares.
“Fue una solución extraordinaria para un tiempo extraordinario. Ese tiempo ya terminó y tenemos que volver a la normalidad”, afirmó.
Estafas virtuales
El ministro justificó la urgencia del proyecto al señalar el aumento de los delitos virtuales que afectan a ciudadanos en todo el país, muchos de los cuales, sostuvo, se originan desde establecimientos de detención.
“Todos los días vemos en los medios y escuchamos en las radios casos de estafas virtuales. Muchas de ellas se generan desde estos ámbitos de encierro”, advirtió.
Según explicó, existen diversas modalidades de engaño que se multiplican a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, como el conocido “cuento del depósito hecho en exceso”, el engaño del vehículo averiado que requiere una grúa o las maniobras que involucran falsas relaciones sentimentales.
En ese contexto, señaló que los adultos mayores suelen ser las principales víctimas. “Es una franja etaria muy desfavorecida socialmente. Necesitan usar redes para comunicarse con sus hijos y nietos, y esos mismos canales son aprovechados por quienes cometen estas estafas”, indicó.
Iturrioz mencionó además casos extremos en los que estas maniobras derivaron en consecuencias trágicas. Recordó el reciente suicidio de un militar que prestaba servicio en la custodia de la Quinta de Olivos, quien había sido víctima de una estafa conocida como “papá enojado”, una modalidad de extorsión que se inicia con contactos a través de redes sociales y termina en amenazas y presiones económicas.
“Son mecanismos realmente crueles, que generan una asfixia económica y psicológica muy fuerte en las víctimas”, expresó.
Comunicaciones controladas
La propuesta del Ejecutivo no busca eliminar completamente las comunicaciones de las personas privadas de libertad, sino establecer un sistema de contacto controlado.
“Queremos volver a las comunicaciones que siempre existieron: llamadas con destinatarios preacordados, en horarios establecidos y desde teléfonos identificados”, explicó el ministro.
De esta manera, se pretende evitar el uso libre de celulares y redes sociales desde los lugares de detención, considerados por las autoridades como una herramienta para la coordinación de delitos.
Los detalles del proyecto
Tras la exposición del ministro, la diputada provincial Andrea Aguilera brindó detalles del proyecto que será enviado a la Legislatura.
La legisladora explicó que la iniciativa establece la prohibición del ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de equipos móviles por parte de personas privadas de libertad.
“La ley prohíbe que puedan mantener en posesión, usar, ocultar o guardar equipos terminales móviles, módulos o componentes que les permitan continuar con este tipo de conductas delictivas”, indicó.
Al mismo tiempo, aclaró que la norma contempla el derecho a la comunicación de los detenidos, pero bajo condiciones controladas.
“No es solo una ley que prohíbe. También garantiza la comunicación de las personas privadas de libertad, pero en un entorno seguro, mediante llamadas de voz, con horarios pautados y con destinatarios determinados, como familiares, defensores o autoridades”, detalló.
Parte de una política integral
Aguilera remarcó que el proyecto forma parte de una política más amplia impulsada por el Gobierno provincial para prevenir delitos en entornos digitales.
Entre las medidas mencionó la ley contra la ludopatía infantil —que posicionó a Chubut como la primera provincia en legislar sobre el tema—, las acciones educativas vinculadas al uso responsable de celulares en escuelas y la reciente sanción de la ley de ciberdelitos que fortalece las herramientas del Ministerio Público Fiscal.
También destacó las campañas de prevención que lleva adelante el Banco del Chubut para advertir a los clientes sobre fraudes digitales.
“Esta ley viene a completar una política integral de protección de los ciudadanos frente a las nuevas modalidades delictivas”, afirmó.
Finalmente, la diputada sostuvo que el volumen de causas vinculadas a estafas virtuales demuestra la magnitud del problema, aunque advirtió que existe un número aún mayor de casos que nunca llegan a denunciarse.
