A dos días de la sesión en la que la Cámara de Diputados debatirá el nuevo régimen penal juvenil, el Poder Ejecutivo envió su proyecto de ley, ratificando su intención de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Sin embargo, en el ámbito parlamentario dan por hecho que ese punto será modificado durante el plenario de comisiones previsto para este miércoles, ya que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para sostener esa postura.
El miércoles pasado, los jefes de bloque se reunieron en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para acordar el cronograma de sesiones extraordinarias. En ese encuentro, con excepción de algunos bloques opositores como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el resto de las bancadas acordaron avanzar con una sesión para este jueves 12, con el objetivo de otorgar media sanción al proyecto.
Se trata de un debate que ya tuvo amplio recorrido legislativo durante 2025. Tras más de diez reuniones informativas encabezadas por la ahora libertaria Laura Rodríguez Machado, el oficialismo aceptó modificar varios puntos del texto original, entre ellos elevar de 13 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. Ese cambio permitió destrabar el dictamen de mayoría, aunque la iniciativa nunca llegó al recinto por falta de consensos.
Con la nueva composición del Congreso, La Libertad Avanza logró mejorar su volumen político, aunque todavía no cuenta con los votos suficientes para sancionar proyectos sensibles sin acuerdos transversales. Por ese motivo, en la reunión con los jefes de bloque, el oficialismo propuso retomar el texto consensuado el año pasado, que cuenta con aval de sectores dialoguistas e incluso con acompañamiento parcial del Frente Renovador.
Qué propone el proyecto que se debatirá en el recinto
El proyecto que se discutirá este jueves no solo reduce la edad de imputabilidad, sino que establece un sistema de sanciones progresivas según la gravedad del delito, priorizando medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico.
Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para los delitos más graves y establece un esquema escalonado en el que la privación de la libertad queda reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados, sin contacto con población adulta.
Además, el oficialismo acordó incorporar un esquema de compensación presupuestaria para las provincias que adhieran al nuevo régimen. Como los distritos ya aprobaron sus presupuestos anuales, Nación se comprometería a cubrir la diferencia entre los fondos originalmente asignados a políticas penales juveniles y el costo real de la implementación.
“Si una provincia tenía 10 presupuestado y con la implementación le saldría 14, esos 4 los pone Nación”, explicó un diputado que participó del encuentro. Pese a este compromiso, el impacto fiscal global sigue siendo motivo de discusión, ya que el proyecto no fue remitido a la Oficina de Presupuesto del Congreso para su evaluación técnica.
El punto más sensible: la edad de imputabilidad
A pesar de las negociaciones previas, el proyecto enviado por el Ejecutivo este lunes mantiene la edad de imputabilidad en 13 años, en línea con la postura que sostienen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
No obstante, desde el Congreso aseguran que ese punto será modificado. “Sale con 14”, afirmó una fuente parlamentaria con acceso directo a las negociaciones. Ni siquiera el PRO, que conduce Cristian Ritondo, está dispuesto a acompañar una baja hasta los 13 años, manteniendo su postura histórica de fijar el límite en 14.
Por ese motivo, se descuenta que la corrección se realizará en el plenario de comisiones de este miércoles, en la antesala de la sesión.
Costo fiscal: cuánto saldrá implementar el nuevo régimen
A diferencia del proyecto original, esta versión del Ejecutivo sí incorpora una estimación del costo fiscal, que asciende a $23.739.155.303. Según el texto, los fondos saldrán del presupuesto del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Desde La Libertad Avanza explican que el principal impacto económico no estará en la infraestructura, sino en los costos operativos, especialmente en la contratación de personal especializado. Entre ellos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y supervisores, considerados clave para el funcionamiento del nuevo sistema.
El oficialismo sostiene que, a diferencia de 2024, este año existe un Presupuesto Nacional aprobado, lo que permite especificar el origen de los recursos. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la falta de intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que podría brindar un análisis independiente del impacto real de la iniciativa.
Con información de Ámbito
