La Libertad Avanza aceleró el tratamiento legislativo del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. Este miércoles, durante una reunión de labor parlamentaria, el oficialismo y los jefes de bloque acordaron convocar a una sesión especial para el próximo jueves con el fin de otorgar media sanción al texto que busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
Cronograma de tratamiento y acuerdos
El esquema de trabajo definido en el despacho de Martín Menem establece que el próximo martes se constituirán las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, junto con la de Justicia. Estas se sumarán a Presupuesto y Legislación Penal para emitir dictamen de forma conjunta el miércoles.
El oficialismo decidió retomar el texto que ya había obtenido dictamen en mayo del año pasado. Para garantizar el acompañamiento de los gobernadores, se incluyó un apartado presupuestario: el Gobierno Nacional cubrirá la diferencia económica que implique la implementación del nuevo régimen en las provincias respecto a lo que cada jurisdicción ya tenía presupuestado para sus políticas juveniles.
Qué establece el Régimen Penal Juvenil
El proyecto centraliza su reforma en la baja de la edad de imputabilidad, pero también contempla un sistema integral de justicia para menores:
- Sanciones graduadas: Se establecen penas según la gravedad del hecho y medidas alternativas como servicios comunitarios y programas educativos.
- Pena máxima: El límite de reclusión se fija en 15 años para delitos de alta gravedad.
- Centros especializados: La privación de la libertad deberá cumplirse en institutos específicos, garantizando que los menores no tengan contacto con la población carcelaria adulta.
Contexto político y posiciones
La iniciativa fue reflotada tras el impacto social del asesinato de Jeremías Monzón, un hecho que involucró a menores de edad. Pese al optimismo de los libertarios, que confían en contar con los votos necesarios gracias a su nueva composición en la cámara, bloques como Unión por la Patria y el FITU manifestaron su rechazo al cronograma acelerado propuesto por el oficialismo.
Desde la oposición dialoguista, algunos sectores pidieron evitar un tratamiento «a las patadas», mientras que el impacto fiscal real de la medida sigue siendo una incógnita, dado que el proyecto no fue girado a la Oficina de Presupuesto del Congreso para su estimación técnica.
