El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en todo el país desde este sábado 5 de septiembre. La legislación reemplaza al marco normativo vigente desde 1980 y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes.
Una de las principales modificaciones es que los jóvenes podrán ser procesados judicialmente desde los 14 años ante la presunta comisión de un delito. La nueva legislación establece un régimen diferenciado, con sanciones orientadas a la responsabilidad legal, la educación y la reintegración comunitaria.
El objetivo del nuevo sistema es que la privación de la libertad no sea necesariamente la primera respuesta ante un delito y contempla distintas herramientas de intervención judicial de acuerdo con la gravedad de cada caso.
Qué sanciones contempla el nuevo régimen
La normativa establece que, para determinados delitos, podrán aplicarse medidas alternativas a la detención, especialmente en aquellos casos cuyas penas previstas tengan escalas de entre tres y diez años de prisión.
Entre las medidas contempladas se encuentran:
- Restricciones de acercamiento.
- Reparación del daño ocasionado a las víctimas.
- Reglas de conducta.
- Amonestaciones formales.
- Servicio comunitario.
- Monitoreo electrónico mediante pulseras.
De esta manera, el nuevo régimen busca incorporar respuestas judiciales diferentes al encarcelamiento, teniendo en cuenta la edad del adolescente y las características del delito investigado.
Cuándo puede haber privación de la libertad
El nuevo Régimen Penal Juvenil también contempla la posibilidad de privación de la libertad en casos específicos.
Sin embargo, establece que los adolescentes no podrán ser alojados junto con adultos detenidos. Cuando corresponda una medida de encierro, deberán permanecer en establecimientos especializados o institutos abiertos, con la posibilidad de disponer arresto domiciliario en determinadas situaciones.
La legislación establece expresamente que queda prohibido el contacto o la convivencia entre menores de edad procesados y personas mayores de edad detenidas.
Además, se fija un máximo de 15 años de pena privativa de la libertad para los adolescentes y se prohíbe de manera taxativa la prisión o reclusión perpetua para menores de edad.
Cuándo podrán pedir la libertad condicional
Otro de los puntos establecidos por la nueva normativa es la posibilidad de solicitar la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen.
El esquema busca establecer límites específicos para las sanciones aplicables a adolescentes y diferenciarlas de las previstas para los adultos.
Qué derechos tendrán las víctimas
El nuevo sistema también incorpora cambios vinculados con la participación de quienes fueron víctimas de un delito.
La normativa habilita una mayor participación de las víctimas en el proceso judicial, al tiempo que mantiene la protección de identidad de los adolescentes procesados.
Otro aspecto contemplado es la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la nueva legislación.
El Gobierno asignó más de $23 mil millones
Para acompañar la implementación del nuevo régimen, el Congreso de la Nación asignó un presupuesto de $23.739.155.303, destinado a sostener la infraestructura y los recursos necesarios para su funcionamiento.
El nuevo sistema requiere establecimientos especializados, personal capacitado y herramientas de seguimiento que permitan aplicar tanto las medidas privativas de la libertad como las alternativas previstas por la normativa.
Cautela entre operadores del fuero de menores
A pesar de los fondos asignados y de los avances registrados en materia de protocolos en distintas provincias, operadores del fuero de menores expresaron cautela frente a la implementación del nuevo régimen.
Entre las principales preocupaciones aparecen la capacidad de las estructuras judiciales para absorber un eventual incremento de expedientes, la disponibilidad de dispositivos para el monitoreo electrónico y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.
Así, desde este 5 de septiembre comienza una nueva etapa en el sistema penal juvenil argentino, con un régimen que baja a 14 años la edad para el procesamiento judicial y combina sanciones, medidas alternativas y privación de la libertad para determinados casos, bajo un esquema diferenciado respecto del sistema penal de adultos.
