La discusión en torno a las modificaciones del Código Penal argentino genera una profunda preocupación en las organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos del sur del país. El proyecto que propone el agravamiento de penas para quienes realicen presentaciones judiciales consideradas falsas encendió las alarmas debido al impacto directo que podría tener en el tejido social y judicial. Las redes de acompañamiento a víctimas vulnerables sostienen una lucha histórica contra la impunidad en delitos intrafamiliares.
La abogada Alejandra Tolosa, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), analizó detalladamente los alcances de esta propuesta legislativa y se posicionó de manera tajante en contra de su aprobación, al definirla bajo una categoría alarmante: «ES UN NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO».
Crítica a la reforma y sustento fáctico en el territorio
Desde la perspectiva de la conducción de CLADEM, la iniciativa parlamentaria adolece de fundamentos reales y se apoya en premisas construidas de forma artificial. Tolosa sostiene que el proyecto de agravamiento de penas carece de un sustento en la realidad y que intenta instalar la idea de que existe una «plaga» de denuncias falsas realizadas por mujeres contra víctimas inocentes.
En este sentido, la especialista aclaró que la legislación actual ya cuenta con herramientas suficientes para abordar las conductas procesales indebidas, por lo que una reforma de este tipo resulta redundante y persecutoria. Señala que, si bien no se niega la existencia de denuncias falsas y el daño que pueden causar a la persona denunciada, estas ya se encuentran contempladas y sancionadas en el Código Penal vigente, específicamente bajo la figura de la falsa denuncia en el Artículo 245.
La coordinadora describe la iniciativa como parte de un contexto de negacionismo de la violencia de género y del abuso sexual infantil. Considera que este movimiento busca atacar los logros conseguidos en los últimos años por las poblaciones más vulnerables, incluyendo a mujeres, niñas, personas con discapacidad y migrantes. Bajo este análisis, Tolosa enmarca este ataque dentro de una operación global financiada que va en contra del feminismo y que posee trasfondos culturales e intereses económicos.
Las cifras que contradicen el espíritu del proyecto penal
El debate en torno a la reforma penal expone una distancia considerable entre los argumentos esgrimidos por los impulsores de la ley y las bases de datos de los organismos internacionales. Las estadísticas y la experiencia de organismos especializados muestran que las denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual de mujeres y niñeces son excepcionalmente bajas.
De acuerdo con los relevamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las falsas denuncias en Argentina representan apenas el 0.3%. Asimismo, los indicadores de acceso a la justicia penal denotan una brecha extrema entre la ocurrencia del delito y la resolución judicial: se estima que, de cada 1000 abusos, se denuncian 100 y sólo 1 recibe condena.
A partir de este escenario, desde CLADEM advierten que el proyecto construye un problema sobredimensionado que desvía la atención de la verdadera urgencia: la dificultad que tienen las víctimas para ser escuchadas, creídas y protegidas. En lugar de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, investigación y acceso a la justicia, se promueve una herramienta que puede ser utilizada para disciplinar a quienes se animan a hablar.
Desafíos probatorios e inconstitucionalidad de la norma
El impacto punitivo de la reforma soslaya la naturaleza de los delitos de instancia privada y las dinámicas vinculares en las que se producen de manera mayoritaria. Muchas causas no prosperan por dificultades probatorias propias de delitos que suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos, y donde el tiempo, el trauma y la revictimización juegan un papel determinante. Las estadísticas criminales reflejan esta complejidad de manera contundente, demostrando que el 80% de los casos de abuso sexual ocurren en el ámbito intrafamiliar y el 88% de los casos de violencia de género es perpetrado por parejas o ex parejas.
Frente a esta realidad, los equipos jurídicos argumentan que penalizar estas situaciones es, en los hechos, castigar a las víctimas por no poder demostrar aquello que vivió. El texto en discusión duplica la pena a aquellas referidas a violencia de género y abusos sexuales, lo cual establece una doble vara de desigualdad ante la ley, por lo cual se trata de una norma claramente inconstitucional. Según la referente técnica, esta propuesta busca neutralizar la responsabilidad de los agresores instalando las sospechas sobre lxs sobrevivientes. No se puede tratar como iguales situaciones que nacen de una asimetría de poder: pretender equiparar el daño devastador de un abuso sexual con la supuesta afectación del denunciado es una aberración jurídica.
Este proyecto también impacta negativamente en el trabajo de profesionales de la salud, la educación y el ámbito social, quienes tienen la obligación de denunciar ante la sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persigue las “falsas denuncias”, estos actores pueden verse condicionados, debilitando las redes de cuidado y prevención primarias en escuelas y hospitales.
Llamado al debate profesional y académico
Ante la gravedad de las modificaciones propuestas y la repercusión pública que adquirió la temática, CLADEM instó a despolitizar partidariamente la discusión y volcarla hacia carriles de rigurosidad científica. Frente al tratamiento que el tema ha recibido en los medios, Tolosa propone elevar el nivel de la discusión mediante un intercambio académico y profesional.
Para cumplir con este objetivo de clarificación jurídica, la coordinadora nacional invitó a participar activamente a diversos actores sociales y especialistas de la región y el país, tales como:
- Operadores judiciales y magistrados de los ministerios públicos.
- Colegios de psicólogos y psicólogas encargados de las pericias oficiales.
- Peritos técnicos y estudiantes de las facultades de derecho.
- Organizaciones feministas y la sociedad en general.
La advertencia final de los organismos de defensa de derechos radica en el efecto disuasorio inmediato que genera la mera postulación de la ley. Tolosa concluyó que esta iniciativa funciona como una amenaza de criminalización para mujeres y niñas que buscan justicia tras sufrir casos de abuso sexual, instalando un clima que pretende deslegitimar sus denuncias en el fuero penal.
