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Reforma de la Ley de Glaciares: el Senado le dio media sanción

La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo 40 votos a favor y 31 en contra en el Senado. El proyecto redefine las zonas periglaciares y pasa a Diputados.

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la Ley de Glaciares en el Senado, tras una votación que terminó 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. El proyecto modifica el alcance de las áreas protegidas y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados en el próximo período de sesiones ordinarias.

Desde los palcos del recinto siguieron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo Lule Menem, quienes celebraron el resultado.

La aprobación era un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas que impulsan una legislación más flexible para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos.

Incidentes frente al Congreso

Antes del inicio del debate se registraron incidentes en las afueras del Congreso de la Nación Argentina. Una docena de activistas de Greenpeace fueron detenidos tras intentar ingresar al edificio.

Durante la protesta, un camarógrafo del canal A24 fue alcanzado por gas pimienta cuando registraba el accionar policial.

Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares

La iniciativa modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El eje central es la redefinición de las “formas periglaciares”.

El proyecto establece que solo quedarán estrictamente protegidas aquellas formaciones que cumplan una función comprobable como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedoras de agua para la recarga de cuencas.

De esta manera:

  • Se mantiene la prohibición absoluta de actividades económicas sobre glaciares.
  • Se habilita la posibilidad de desarrollar proyectos en áreas periglaciares que no tengan función hídrica demostrable.
  • Se crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA y coordinado por la Secretaría de Energía.

Entre las actividades prohibidas continúan la exploración minera e hidrocarburífera en glaciares, la liberación de contaminantes y la construcción de infraestructura que altere su condición natural. En tanto, se permiten investigaciones científicas y deportes no motorizados.

El debate en el Senado

El senador fueguino Agustín Coto, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y sostuvo que “armoniza la normativa” sin eliminar prohibiciones vigentes.

Desde el bloque justicialista, el pampeano Daniel Pablo Bensusán advirtió que la discusión no es técnica sino política: “Estamos debatiendo si intereses económicos serán superiores al cuidado del agua”.

El chubutense Carlos Linares rechazó la reforma y cuestionó el impacto de la minería en las comunidades. En la misma línea se pronunciaron Alicia Kirchner, Martín Soria y Ana Marks, quienes alertaron sobre un “retroceso institucional” y la posible pérdida de protección hídrica.

Desde el oficialismo, el sanjuanino Bruno Olivera afirmó que la reforma elimina ambigüedades jurídicas y brinda previsibilidad. También apoyaron la iniciativa Enzo Fullone, Luis Juez y el radical Flavio Fama, quienes argumentaron que la norma compatibiliza desarrollo y protección ambiental.

Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que la reforma termina con la “falsa dicotomía” entre agua y trabajo y aseguró que “no se toca la columna vertebral de la ley”.

En contra votaron también Maximiliano Abad, Adán Bahl, Alejandra Vigo, Anabel Fernández Sagasti y Edith Terenzi, quienes cuestionaron la falta de consenso social y posibles conflictos constitucionales.

Qué sigue ahora

Tras la media sanción en el Senado, la reforma de la Ley de Glaciares deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. El tratamiento se dará en un contexto de fuerte discusión política y ambiental, con especial impacto en provincias cordilleranas y patagónicas, donde la protección de los recursos hídricos es un eje central del debate público.

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