El Gobierno destinará 92,2 billones de pesos al pago de prestaciones sociales, un monto que representa el 62% del gasto total, estimado en 148,1 billones de pesos para el año que viene. Los recursos incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, transferencias al PAMI y programas sociales, según se desprende del proyecto de Presupuesto 2026.
Estas partidas son administradas por las áreas dependientes del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones
Dentro de las prestaciones sociales, el principal componente corresponde a las jubilaciones contributivas y no contributivas, con un gasto proyectado de 71 billones de pesos, equivalente al 6,9% del PBI.
Para las Asignaciones Familiares se prevé una partida de 10,1 billones de pesos (1% del PBI). Sin embargo, a diferencia de las jubilaciones, el Gobierno propuso que estos beneficios dejen de actualizarse por inflación, según lo estipulado en el artículo 73 del Presupuesto 2026.
Este punto generó reclamos de sectores de la oposición, que exigen mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo, por Discapacidad, por Embarazo y de las asignaciones familiares. No obstante, fuentes legislativas cercanas al oficialismo señalaron que el Ejecutivo mantendrá su postura y no restituirá el mecanismo de actualización inflacionaria.
PAMI y programas sociales
El proyecto también contempla 3,6 billones de pesos para el PAMI, de los cuales cerca de 2 billones corresponden a la detracción aplicada sobre los haberes previsionales, mientras que los 1,6 billones restantes provendrán de asistencia financiera del Tesoro, según detalló la Oficina de Presupuesto.
En cuanto a los programas sociales, el Gobierno proyecta un gasto de 7,4 billones de pesos, una cifra 20% superior a la ejecutada en 2025, lo que implica un aumento de 2 billones de pesos.
El oficialismo busca aprobar el Presupuesto antes de Navidad
El Ejecutivo aspira a que la ley de leyes sea aprobada durante las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 31 de diciembre. Para ello, La Libertad Avanza desplegó un esquema de tratamiento acelerado que incluye obtener dictamen en la Comisión de Presupuesto el 10 de diciembre, debatirlo en Diputados el 11 y 12, y convertirlo en ley en el Senado antes de Navidad, con el fin de evitar sesiones durante las Fiestas.
El Gobierno negocia acuerdos con gobernadores dialoguistas para asegurar los votos necesarios tanto en Diputados como en la Cámara Alta.
El debate promete un fuerte cruce político, especialmente en torno a la eliminación de la movilidad de las asignaciones familiares y universales, un punto que ya genera tensión entre el oficialismo y diversos sectores de la oposición.
