La instalación de una estructura metálica que limita la circulación en un tramo de la Ruta Provincial N° 12, en la zona de Gualjaina, en el corazón de la meseta chubutense, volvió a poner en foco un conflicto de larga data vinculado a la tenencia de la tierra y a una obra vial que nunca se terminó de concretar.
En los últimos días, la polémica escaló a partir de denuncias de vecinos que aseguraban la existencia de un corte total del tránsito, lo que habría dejado aisladas a familias de la zona. Incluso, en un primer momento circularon versiones sobre la supuesta intervención de un terrateniente extranjero que habría ordenado la restricción del paso.
Sin embargo, con el correr de las horas, distintas fuentes comenzaron a aclarar el escenario. Desde Vialidad provincial se informó que el tramo en cuestión corresponde a una obra ejecutada entre 2005 y 2009, que nunca fue finalizada ni regularizada legalmente.
El organismo también desmintió que se trate de una ruta nacional y precisó que el proyecto original contemplaba la cesión de tierras al Estado para consolidar el camino dentro de la red vial. A cambio, se preveían obras de infraestructura y soluciones habitacionales. No obstante, ese acuerdo nunca se formalizó, por lo que los terrenos continuaron siendo de propiedad privada.
En ese contexto, se confirmó que el titular original del predio era un productor local —y no un inversor extranjero, como había trascendido— quien ya había advertido sobre los inconvenientes que generaba el asfalto inconcluso, especialmente por la confusión de quienes lo consideraban un camino público.
Actualmente, el reclamo es sostenido por sus herederos, quienes continúan gestionando la regularización dominial. Desde el Estado provincial indicaron que, al no haberse concretado la expropiación ni la cesión de tierras, no existe jurisdicción pública sobre ese tramo.
La voz de los propietarios también salió al cruce de las versiones difundidas. Luciana Zárate, dueña de uno de los campos atravesados por el trazado, aseguró que el tránsito “nunca se cortó” y explicó que el portón instalado no está cerrado con candado, por lo que el paso no estaría completamente impedido.
“No hay ningún terrateniente extranjero, somos los dueños del campo y el asfalto atraviesa nuestra propiedad”, sostuvo, al tiempo que planteó que cualquier uso público del camino deberá resolverse mediante un proceso formal de expropiación o acuerdo con el Estado.
Zárate también justificó la colocación del pórtico como una medida de seguridad ante reiterados hechos delictivos, entre ellos el robo de más de 30 animales en los últimos meses.
No obstante, algunos pobladores continúan denunciando restricciones en la circulación y advierten sobre las consecuencias que esto tiene para la conectividad de la zona. El conflicto incluso generó repercusiones en distintos sectores, incluyendo comunidades que cuestionaron la falta de intervención estatal.
Fuentes del gobierno provincial reconocieron la existencia de un litigio aún no resuelto y confirmaron que la traza atraviesa tierras privadas sin que se haya completado el proceso de expropiación. En ese marco, señalaron que quienes instalaron la estructura “habrían actuado bajo derecho”, lo que añade complejidad a la resolución del caso.
