Con el Congreso Nacional en receso invernal, el oficialismo realiza un balance de su desempeño legislativo durante el primer semestre del año. Si bien el Gobierno de Javier Milei consiguió aprobar iniciativas de alto impacto, el ritmo de las reformas estuvo lejos de las expectativas planteadas al inicio del período.
Entre los principales proyectos aprobados de la gestión libertaria aparecen la reforma laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la media sanción del Súper RIGI, un régimen destinado a fomentar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos.
Sin embargo, la Casa Rosada aspiraba a una producción mucho más intensa. Durante la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, Milei había prometido enviar al Congreso paquetes de proyectos de manera mensual, una estrategia que finalmente no se concretó.
Las crisis políticas frenaron la agenda oficialista
El menor ritmo legislativo respondió, en parte, a las sucesivas crisis políticas que atravesó el Gobierno durante el semestre. Entre ellas, el prolongado impacto del caso Manuel Adorni, que terminó condicionando la iniciativa política del oficialismo.
A ese escenario se sumó la capacidad de la oposición para capitalizar el momento de debilidad del Ejecutivo. Sectores políticos con diferencias habituales encontraron un punto de coincidencia para impulsar una agenda común que logró desplazar del centro del debate varias de las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
Como consecuencia, buena parte del semestre estuvo marcada por un escenario en el que el oficialismo perdió impulso para avanzar con el ambicioso programa de reformas que había anunciado.
Las principales leyes aprobadas
La actividad parlamentaria comenzó durante las sesiones extraordinarias de febrero.
El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad a los 16 años. Una semana después, el 19 de febrero, obtuvo media sanción la reforma laboral.
Ambas iniciativas fueron convertidas en ley por el Senado el 27 de febrero.
Ya durante las sesiones ordinarias, el 13 de marzo, la Cámara alta aprobó los cambios a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una norma que flexibiliza las condiciones para determinadas actividades económicas en ambientes periglaciales. La Cámara de Diputados la convirtió en ley el 8 de abril.
Más adelante, el 20 de mayo, Diputados dio media sanción a la denominada Ley Hojarasca y a la reducción geográfica del régimen de subsidios al consumo de gas por zonas frías, dos proyectos que aún permanecen pendientes de tratamiento en el Senado.
La última sesión antes del receso se realizó el 24 de junio y fue una de las más relevantes del semestre. Ese día se convirtió en ley el acuerdo para el plan de pago de la deuda residual de 2001 con grupos de acreedores, mientras que también obtuvo media sanción el esperado Súper RIGI, que ahora deberá ser debatido por el Senado.
Los proyectos que quedaron demorados
Más allá de los avances, varias iniciativas impulsadas por el Gobierno quedaron sin definición antes del receso legislativo.
En la Cámara de Diputados, el único proyecto que mostró movimiento en las semanas previas al parate fue la ley anti barrabravas, que avanzó únicamente en reuniones de comisión.
En tanto, quedaron prácticamente congelados la ley de lobby, el proyecto para adherir al acuerdo internacional sobre Patentes y las modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el Senado continúa sin tratar la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de subsidios por zonas frías y volvió a postergar, por cuarta vez, la votación del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.
También perdió impulso el proyecto que modifica la ley de emergencia en Discapacidad, mientras que el oficialismo tampoco aceleró el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y las iniciativas para prevenir la ludopatía digital.
La agenda que prepara el Gobierno para el segundo semestre
Con el regreso de la actividad parlamentaria previsto para agosto, el oficialismo espera imprimir un nuevo ritmo a su agenda legislativa.
Entre las prioridades aparece el debate del Presupuesto 2027, acompañado por un proyecto de «shutdown» del Estado, además de una reforma electoral y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.
A esa lista podrían sumarse proyectos que quedaron pendientes durante la primera mitad del año, como la nueva Ley de Sociedades Generales, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El Gobierno apuesta a que el segundo semestre permita recuperar la iniciativa parlamentaria y avanzar con un paquete de reformas que quedó parcialmente postergado durante los primeros seis meses del año.
