El secretario general del STIA y de la CGT del Valle, Luis Núñez, intervino en el programa Sin Hilo para abordar la situación que enfrentan los trabajadores de la pesca tras el despido de 39 operarios temporales en Puerto Madryn.
Los hechos comenzaron en la planta de la firma Conarpesa —que opera con personal de Agropez— cuando la empresa postergó la reincorporación de la plantilla al inicio de la zafra de langostino y la reunión de conciliación obligatoria quedó frustrada por la inasistencia empresarial.
Durante el programa, el dirigente gremial enfatizó que el conflicto con la patronal gira en torno a la legalidad y al cumplimiento normativo que ampara a los trabajadores de la pesca. Según da cuenta Núñez, la firma quiere establecer un sistema de pago «por cajón» en lugar del pago por kilo estipulado en el convenio colectivo de trabajo. Esta metodología abarata los costos operativos al eliminar los controles reales e impone dinámicas de amedrentamiento hacia los operarios que intentan ejercer sus derechos sindicales o sufren afecciones de salud.
Nuñez indicó que la empresa resolvió derivar sus buques pesqueros hacia el puerto de Caleta Paula, en Santa Cruz. Sobre este punto, Núñez advirtió acerca del uso de pseudo-cooperativas en localidades como Caleta Olivia.
El dirigente del STIA recordó la existencia de fallos favorables contra la empresa, sumado a un juicio ganado por el sector de marinería por 900 millones de pesos en diferencias salariales que mantiene interdictos a ocho barcos.
Procesamiento en alta mar
El gremio ratificó su rechazo al aumento del 50% en la operatoria de cola de langostino en buques congeladores, al considerar que destruye empleo en tierra y no cuenta con sustento técnico ni ambiental.
