La investigación judicial por la agresión y amenaza de muerte denunciada por el ex vicegobernador Ricardo Sastre continúa con nuevas medidas de prueba ordenadas por la fiscalía.
El fiscal Jorge Bugueño, a cargo de la causa, confirmó este lunes al mediodía que tras la audiencia de control de detención en la que el principal acusado fue imputado por amenazas con arma y daños, el Ministerio Público Fiscal comenzó a profundizar el análisis de las evidencias recolectadas.
Entre las primeras medidas adoptadas se encuentra la pericia del arma secuestrada durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación. El objetivo es determinar si efectivamente se trata de un arma de fuego y si fue la que presuntamente se utilizó durante el episodio denunciado.
“Se hizo un allanamiento con resultado positivo porque se secuestró un arma que ahora debemos establecer, primero si es un arma de fuego, segundo si fue la que se utilizó en el hecho y tercero si pertenece al imputado”, señaló Bugueño.
El hecho investigado ocurrió el sábado pasado y habría comenzado en inmediaciones de la firma Ruta 40, para luego trasladarse hacia la ruta que conduce al centro de Puerto Madryn.
Según la denuncia, en ese trayecto el acusado habría exhibido un arma de fuego y amenazado al ex vicegobernador.
La investigación se encuentra todavía en una etapa inicial. El propio fiscal reconoció que, a pesar de los avances en la recolección de pruebas, aún no está claro cuál fue la motivación detrás del episodio.
En ese contexto, la fiscalía también prevé realizar pericias sobre los teléfonos celulares y analizar comunicaciones que podrían aportar información sobre el trasfondo del conflicto.
“Tenemos la posibilidad de realizar pericias telefónicas en las cuales, a través de las conversaciones y comunicaciones, podemos llegar a descubrir las motivaciones”, indicó Bugueño.
Además, se trabaja en el análisis técnico de los registros fílmicos que forman parte del expediente. Para ello se realizarán pericias específicas destinadas a mejorar la calidad de las imágenes y verificar con mayor precisión lo ocurrido.
“Tenemos que hacer pericias sobre los videos, posiblemente reconocimiento del arma y continuar con la toma de testimonios”, detalló el fiscal.
En paralelo, la investigación también contempla la posibilidad de que surjan nuevas líneas de análisis si aparecen indicios sobre otros delitos o responsabilidades.
El acusado permanece actualmente bajo prisión domiciliaria por un plazo de 20 días, medida dispuesta por la jueza Alejandra Hernández durante la audiencia de control de detención. La resolución fue adoptada para evitar un posible entorpecimiento de la investigación mientras se continúan reuniendo pruebas.
Desde la fiscalía habían solicitado la prisión preventiva en una unidad carcelaria, por lo que la decisión judicial podría ser revisada en función de cómo avance el proceso.
En cuanto al perfil del imputado, Bugueño aclaró que no cuenta con antecedentes, lo que también fue tenido en cuenta al momento de evaluar las medidas cautelares.
La causa tiene actualmente un plazo de investigación de seis meses, período durante el cual el Ministerio Público Fiscal buscará reconstruir con precisión el episodio denunciado y determinar si existen otros elementos que puedan modificar la imputación inicial.
