La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, bajo la coordinación del fiscal Fernando Arrigo, presentó un recurso de impugnación para revocar la prisión domiciliaria concedida a K.R., un ciudadano ruso señalado como líder de una red transnacional de trata de personas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) cuestionó la decisión judicial que permite al imputado trasladarse a Buenos Aires, recordando que anteriormente cumplía prisión preventiva en la Unidad 6 de Rawson, Chubut.
Un fallo cuestionado por el riesgo de fuga
La fiscalía centró su reclamo en la decisión adoptada el pasado 23 de abril por los jueces de Revisión, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano. Los magistrados habían permitido que K.R. cumpla la medida de coerción en un domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires, bajo el pago de una caución de 30 millones de pesos y el uso de tobillera electrónica.
Para los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, esta resolución es fruto de una «valoración parcial, fragmentada y errónea». El MPF sostiene que persisten los riesgos procesales, especialmente el de fuga. Cabe destacar que el imputado ya protagonizó un intento de evasión en el aeropuerto de Bariloche y cuenta con antecedentes penales graves en Rusia, donde fue condenado a 11 años de prisión por delitos sexuales y narcotráfico.
Vulnerabilidad y condiciones del domicilio
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscalía es el lugar elegido para la domiciliaria: un predio rural de dos hectáreas, alejado del centro urbano y de difícil acceso. Además, el imputado conviviría con una mujer que, aunque no fue imputada, fue investigada en la causa y se encuentra en situación de vulnerabilidad.
«No resulta lógico otorgar una prisión domiciliaria en un domicilio donde conviviría con una mujer en situación de vulnerabilidad, máxime cuando ambas víctimas (madre e hijo) se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema», argumentó el fiscal Labal.
La red de trata bajo la fachada de «yoga»
La investigación judicial busca desarticular una organización que captaba mujeres en el extranjero bajo el engaño de ofrecer un espacio espiritual y de prácticas de yoga. Según la acusación, el objetivo real era la explotación sexual y la reducción a la servidumbre.
En el caso particular de K.R., se le atribuye haber captado a una joven de 22 años y haber intentado alterar la identidad de su hijo recién nacido, nacido el año pasado en un hospital de Bariloche, intentando inscribirlo con su apellido de manera irregular.
Antecedentes y situación de los demás imputados
Originalmente, el juez Gustavo Zapata había prorrogado la detención de K.R. en la cárcel federal de Rawson, considerando su capacidad económica y el peligro de evasión. Mientras el principal acusado busca salir de la modalidad de encierro común, otras 20 personas —19 mujeres y un hombre— permanecen vinculadas al proceso con prohibición de salida del país y la obligación de presentarse ante la policía cada 15 días.
La Justicia deberá resolver ahora si mantiene el beneficio de la prisión domiciliaria o si, ante los argumentos de la fiscalía sobre la gravedad de los delitos y el compromiso internacional del Estado argentino para sancionar la trata de personas, el ciudadano ruso debe regresar a una unidad penitenciaria.
