La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 y restableció provisoriamente la vigencia de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. La decisión busca evitar posibles daños ambientales irreparables mientras la Justicia analiza la legitimidad del reclamo y el pedido de una medida cautelar.
La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados para intervenir en el expediente luego de que los integrantes del máximo tribunal no alcanzaran un acuerdo unánime sobre la cuestión.
En su argumentación, la Corte consideró que el planteo presentado por la asociación demandante involucra “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”. Por ese motivo, entendió que correspondía dictar una medida provisoria para garantizar la protección judicial y evitar consecuencias que pudieran resultar irreversibles.
El fallo establece que la suspensión se mantendrá hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine la solicitud de una medida cautelar. De este modo, la resolución no implica todavía una definición definitiva sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado del decreto presidencial.
Qué cambia con la decisión de la Corte
El artículo 154 del DNU 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras en el país.
Con la decisión del máximo tribunal, las restricciones previstas en esa ley vuelven a aplicarse de manera provisoria, mientras continúa el trámite judicial. La discusión de fondo seguirá centrada en la validez constitucional de la disposición que dispuso su derogación.
La resolución se conoció después de que la Corte convocara a un acuerdo extraordinario para abordar con urgencia la controversia. El expediente incluye un pedido cautelar promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes buscan que se revise la derogación de la norma, con argumentos vinculados a la protección del ambiente y a los efectos que podría tener la eliminación de las limitaciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se produjo en un escenario de diferencias dentro del máximo tribunal. Carlos Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas, por lo que fue necesaria la convocatoria de conjueces para intervenir en la resolución.
Los magistrados designados fueron Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Ambos cuentan con trayectoria en el ámbito judicial. Barroetaveña integra, además, el Consejo de la Magistratura, mientras que Pérez Curci pertenece al ámbito de la Justicia Federal de Mendoza.
Su participación permitió completar la integración del tribunal para resolver la medida provisoria en una causa que involucra cuestiones de derecho constitucional, propiedad rural y protección ambiental.
La resolución de la Corte no cierra la discusión sobre la política de tierras impulsada por el Gobierno nacional. En cambio, mantiene temporalmente las limitaciones de la Ley 26.737 mientras se evalúa el planteo judicial.
