Mientras busca dejar sin quórum la sesión del jueves de la semana próxima, convocada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/23, el Gobierno analiza una estrategia para conservar el decreto y, al mismo tiempo, sumar el respaldo de los bloques dialoguistas: reintroducir restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado.
La alternativa comenzó a tomar fuerza durante una reunión que referentes de los bloques dialoguistas mantuvieron este miércoles por la tarde-noche en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Durante el encuentro, los diputados preguntaron en reiteradas oportunidades qué decisión tomará el oficialismo respecto de la Ley de Tierras, aunque no obtuvieron una respuesta definitiva. Por el momento, la posibilidad de incorporar sus restricciones a la ley de Propiedad Privada aparece como la opción con mayor respaldo, aunque todavía no existe una decisión tomada.
La maniobra apunta a resucitar por otra vía la Ley de Tierras y, de esa manera, evitar que el resto del DNU 70/23 quede expuesto a una eventual derogación. Para el Gobierno, una caída integral del decreto representaría un golpe de enorme magnitud, debido a que afecta numerosos intereses económicos y constituye una pieza central de su programa.
«Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU», ironizó una importante diputada de La Libertad Avanza, consultada por la Agencia Noticias Argentinas sobre las posibilidades de la sesión opositora del 15 de octubre.
Con una semana por delante hasta la convocatoria, la oposición reconoce que el escenario no la favorece y que las posibilidades de reunir el quórum necesario se reducen a medida que se aproxima la fecha.
De todos modos, en Unión por la Patria y en los bloques opositores que acompañan la iniciativa mantienen la decisión de intentar abrir el recinto. El objetivo es dejar expuesto quiénes son los diputados que respaldan y quiénes rechazan la Ley de Tierras, en línea con el denominado «principio de revelación» que instaló el presidente Javier Milei.
Por qué la oposición impulsa ahora el rechazo al DNU 70/23
La decisión de avanzar ahora genera una pregunta inevitable: ¿por qué no se intentó antes, si el Senado rechazó el DNU el 14 de marzo del 2024, hace más de dos años y medio?
En Unión por la Patria sostienen que durante todo ese período no existieron garantías suficientes debido a que varios diputados de los bloques opositores «del medio» no estaban comprometidos con el rechazo.
«El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás», explicó a la Agencia Noticias Argentinas (NA) un diputado nacional del peronismo.
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, tampoco negó esa explicación durante una entrevista con Alpha TV, aunque señaló que durante 2024 y 2025 también hubo legisladores de Unión por la Patria que no estaban dispuestos a confirmar su rechazo al mega decreto desregulatorio.
En el oficialismo, el escenario había generado inicialmente preocupación a raíz del fallo de la Corte Suprema, ante el temor de que pudiera generar un clima político negativo y darle a la oposición la fuerza necesaria para conseguir el quórum.
Ese escenario habría puesto en riesgo no solamente la Ley de Tierras, sino la totalidad del DNU 70/23, considerado por La Libertad Avanza como la piedra angular de su proyecto económico.
Sin embargo, la alarma inicial se transformó rápidamente en tranquilidad cuando el Gobierno comprobó que la oposición no contaba con los votos suficientes para avanzar.
Aun así, el oficialismo mantiene un monitoreo permanente del escenario. La posibilidad de que la Corte Suprema designe a dos conjueces que vuelvan a analizar la situación de la Ley de Tierras, a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, mantiene abierta una variable judicial que podría modificar el tablero.
La negociación también alcanza a soberanía y Presupuesto 2027
La estrategia oficialista para atraer a los bloques dialoguistas no se limita a la cuestión de las tierras. Las conversaciones incluyen cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y garantías para modificar partidas del Presupuesto 2027 destinadas a discapacidad, universidades nacionales y obras públicas.
En la reunión también se confirmó que el martes 13 comenzará formalmente la discusión del Presupuesto 2027. El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen antes de la visita del Papa León XIV.
En paralelo, los aliados y dialoguistas plantearon una exigencia concreta respecto del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional: eliminar el artículo 111.
Ese apartado establece una escala de penas de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de entidades u organismos extranjeros, desarrollen acciones destinadas a alterar procesos electorales o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas; manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; o promover y financiar actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público orientadas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado.
Desde la oposición consideran que esa disposición, en línea con la prédica habitual de Milei contra determinados medios de comunicación, puede convertirse en una amenaza para el trabajo periodístico, además de fomentar la autocensura y la persecución de críticas legítimas.
Los cuestionamientos también se concentran en la concentración de poder en el Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y la falta de precisión técnica para definir conceptos como «amenaza externa» o «actividad terrorista».
Según la oposición, esas figuras podrían utilizarse como argumento para avanzar contra la disidencia interna.
La negociación, por lo tanto, se desarrolla en varios frentes: mientras el oficialismo intenta impedir que la oposición reúna el quórum para tratar el DNU 70/23, también busca cerrar acuerdos sobre tierras rurales, soberanía, discapacidad, universidades, obra pública y Presupuesto 2027 para garantizar el acompañamiento de los sectores dialoguistas y sostener su agenda legislativa.
