La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este viernes a las 11 en su histórica sede de la calle Azopardo, en la ciudad de Buenos Aires, para definir los pasos a seguir ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
El encuentro del Consejo Directivo fue convocado con carácter urgente y tendrá como eje central la evaluación de posibles medidas de fuerza, entre ellas un paro nacional o una movilización masiva coincidiendo con el día del debate legislativo.
En el seno de la central obrera conviven posturas diferenciadas. Por un lado, el sector identificado como “dialoguista”, integrado por los denominados “Gordos” e “Independientes”, viene impulsando gestiones políticas con gobernadores y senadores para introducir modificaciones al proyecto. En este espacio se encuentran dirigentes como Héctor Daer, secretario general de la CGT y titular del gremio de Sanidad, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales y líder de la UOCRA.
En contraposición, el ala más combativa, encabezada por Pablo Moyano, secretario general y referente del sindicato de Camioneros, junto a gremios del transporte y las dos vertientes de la CTA, sostiene que la negociación parlamentaria resulta insuficiente y reclama un cese de actividades inmediato. Desde este sector consideran que la iniciativa representa un avance sobre derechos laborales adquiridos.
Paro general
La posibilidad de un paro general durante el debate legislativo se inscribe en antecedentes recientes de confrontación sindical frente a reformas laborales. En el año 2000, durante el tratamiento de la denominada “Ley Banelco” bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, la CGT disidente impulsó huelgas generales en medio de denuncias por sobornos en el Senado. En 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, la discusión por una reforma laboral posterior a la reforma previsional derivó en paros nacionales y movilizaciones que terminaron con el retiro del proyecto.
Más recientemente, en enero de 2024, la CGT concretó un paro nacional a 45 días del inicio de la nueva gestión presidencial, una de las medidas de fuerza más tempranas adoptadas contra un gobierno recién asumido.
La definición que adopte el Consejo Directivo estará atravesada por el análisis del posicionamiento de los bloques provinciales en la Cámara Alta. La falta de una postura unificada por parte de los gobernadores peronistas genera dudas sobre el margen real de negociación.
La decisión que se tome este viernes marcará el rol que asumirá la CGT en el escenario político inmediato, ya sea como interlocutor en la discusión institucional o como actor central de la protesta sindical frente a las reformas impulsadas.
