El Gobierno nacional avanza en el Congreso con el tratamiento del proyecto de inocencia fiscal II en Chubut y en todo el país, una iniciativa clave que busca incentivar la exteriorización de fondos que permanecen fuera del sistema financiero formal. La propuesta ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se debatirá en el Senado con el objetivo de despejar las dudas de los contribuyentes y otorgar certezas frente a futuras fiscalizaciones.

Régimen simplificado y nuevos umbrales para contribuyentes
Entre las modificaciones centrales que introduce el proyecto de inocencia fiscal II en Chubut, se destaca la ampliación del acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la norma vigente, quedaban excluidos quienes registraran ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones. Si la reforma se aprueba, los grandes contribuyentes podrán sumarse al RSG, aunque sin acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
A su vez, la iniciativa redefine el concepto de «discrepancia significativa» entre las declaraciones del contribuyente y los datos del fisco. No se considerará inconsistencia cuando la diferencia detectada sea igual o superior al 15% pero no supere los $5 millones. Asimismo, la discrepancia se calculará sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, corrigiendo un aspecto cuestionado de la versión original.
Menos obligaciones de reporte ante la ARCA y plazos de la ley
En los casos donde la diferencia detectada supere los $5 millones, el contribuyente dispondrá de un plazo de 15 días tras ser notificado para aceptar la liquidación de oficio y abonar el saldo correspondiente. Al realizar el pago dentro de ese término, conservará los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
El esquema reduce además la carga burocrática al no exigir reportes patrimoniales de inicio o cierre ante la ARCA, ni obligar a declarar los consumos del período. Los fondos canalizados por las vías habilitadas únicamente deberán sumarse a la última declaración de Bienes Personales. Todos estos beneficios tendrán como fecha límite de uso el 31 de diciembre de 2027, en el marco de una estrategia oficial que busca movilizar parte de los USD 170.000 millones que permanecen fuera del circuito formal.














