Una donación de $800.000 a la Asociación EDDIM de Puerto Madryn permitió cerrar mediante una solución alternativa una causa judicial por robo de cables y conexiones clandestinas que perjudicaron a la empresa Flux. La propuesta fue impulsada por Hernán Egurza, director general de la firma, quien planteó que el dinero destinado a reparar el daño ocasionado tuviera también un fin social.
La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, luego de una denuncia presentada por la empresa prestadora del servicio afectado. En el expediente se formularon cargos contra E.B.A., señalado por realizar instalaciones clandestinas de cable desde postes ubicados en la vía pública hacia viviendas y locales comerciales.

De acuerdo con la investigación, el hombre cobraba alrededor de $80.000 por cada conexión ilegal. Las maniobras fueron detectadas a partir de tareas de seguimiento realizadas por la División Policial de Investigaciones (DPI), cuyos efectivos lograron identificarlo mientras concretaba una de estas instalaciones.
A partir de esos elementos, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron vehículos, herramientas y distintos equipos que habrían sido utilizados para llevar adelante las conexiones clandestinas.
Reparar el daño con una donación
Durante la intervención del Ministerio Público Fiscal se mantuvieron entrevistas con las partes involucradas y se acordó avanzar con una salida alternativa al conflicto judicial.
En ese contexto, Egurza propuso que los $800.000 correspondientes a la reparación económica fueran destinados a EDDIM, la Asociación para la Educación y el Desarrollo de Personas con Déficit Intelectual y/o Motor.

La decisión permitió vincular la reparación del perjuicio ocasionado a Flux con el acompañamiento a una organización local que desarrolla una tarea social en Puerto Madryn.
EDDIM es una entidad no gubernamental que trabaja por la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entre sus actividades lleva adelante talleres sociorecreativos destinados a promover la participación, la autonomía y el desarrollo de sus integrantes.
Según se informó, el condenado cumplió con la donación de $800.000 dentro del plazo establecido y asumió el compromiso de no volver a incurrir en conductas ilícitas.














