El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario con el objetivo de descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una mejora salarial para docentes y no docentes, incrementos en programas de becas y fondos adicionales para hospitales universitarios.
A pesar del acercamiento entre las partes, los rectores confirmaron que continuarán con la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que aún no fue implementada por el Poder Ejecutivo.
Aumento salarial del 24,33% y compromiso contra la inflación
La propuesta acordada incluye una recomposición salarial del 24,33%, que será aplicada en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre.
Según lo informado, la mejora salarial contempla:
- 7 puntos porcentuales correspondientes a 2024.
- 12,33 puntos correspondientes a 2025.
- El porcentaje restante busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.
Además, el acuerdo prevé la realización de una reunión paritaria con los gremios universitarios para continuar la discusión salarial y laboral.
Otro de los compromisos asumidos por el Gobierno es evitar que los salarios del sector universitario continúen perdiendo poder de compra frente a la inflación durante el resto de 2026.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
El acta firmada entre las autoridades nacionales y el CIN también incorpora medidas destinadas a fortalecer distintas áreas del sistema universitario.
Entre los puntos destacados figura un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
Asimismo, el Gobierno comprometió una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, una demanda que venían sosteniendo las casas de estudio ante las dificultades presupuestarias registradas en los últimos meses.
La situación de los colegios preuniversitarios
Durante las negociaciones también se abordó la problemática salarial que atraviesan los docentes de los establecimientos preuniversitarios, donde el deterioro de los ingresos se profundizó tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Los rectores plantearon que cualquier solución debe contemplar tanto a los trabajadores docentes como a los no docentes, además de garantizar una negociación formal con las organizaciones sindicales.
La demanda judicial sigue en pie
Pese al acuerdo alcanzado, el conflicto judicial permanece abierto. Las universidades ratificaron que no retirarán la demanda vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La causa cuenta actualmente con una medida cautelar favorable al sistema universitario, ratificada en dos oportunidades, aunque su aplicación se encuentra suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
Desde el Gobierno sostienen que la ley es «ilegal», al considerar que no cumple con los requisitos de administración financiera que exigen identificar las fuentes de financiamiento de los recursos asignados.
Desconfianza de los gremios y continuidad del estado de alerta
Aunque el acuerdo fue bien recibido por las autoridades universitarias, los gremios docentes mantienen una postura cautelosa.
Desde Conadu señalaron que todavía no existe una formalización completa de los compromisos asumidos y reclamaron la convocatoria inmediata a una mesa paritaria.
“Por ahora es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El Gobierno tiene que convocar a paritaria, cosa que no hace hace años”, expresaron desde la organización sindical.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y movilización. Semanas atrás, estudiantes, docentes y representantes de distintas organizaciones universitarias realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una resolución de la Corte Suprema sobre el financiamiento del sistema.
Las medidas de protesta también alcanzaron a los colegios preuniversitarios, donde estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini llevaron adelante tomas de establecimientos en rechazo a la situación presupuestaria y salarial del sector.
