El Gobierno de Javier Milei respondió el martes a los rectores, docentes y estudiantes que participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta de pago a las universidades públicas.
A través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza (LLA), la gestión del presidente Javier Milei calificó la movilización como “opositora” y aseguró que existe una intención de “instalar” en la sociedad la idea de que el Ejecutivo busca “desfinanciar” o incluso “cerrar” las universidades nacionales.
“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”, señalaron desde el oficialismo.
En el mismo texto, remarcaron que la partida presupuestaria destinada al sistema universitario aumentará en el Presupuesto 2026 y alcanzará los 4,8 billones de pesos.
Además, compararon la situación actual con la gestión del expresidente Alberto Fernández y afirmaron que durante ese período los fondos se enviaban “hasta con cuatro meses de atraso” en un contexto de inflación anual del “211,4%”. “Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, agregaron.
Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno sostuvo que la norma “nació suspendida en su ejecución” debido a lo establecido por la Ley de Presupuesto N° 24.629, ya que, según argumentaron, el Congreso no definió las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”, expresaron.
Por último, desde la administración nacional ratificaron el compromiso del presidente Javier Milei con el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier modificación presupuestaria que implique un aumento del gasto público.
En ese sentido, advirtieron que una ampliación del presupuesto universitario podría derivar en “más impuestos” o una mayor “emisión monetaria”, lo que, según indicaron, generaría “más inflación y más pobreza”.
