El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido solicitada el lunes al Congreso de la Nación. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, con el objetivo de corregir diferencias surgidas en el texto remitido a la Cámara de Diputados.
Una de las razones centrales del pedido de retiro fue que el oficialismo incluyó en el dictamen la fijación de la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso alcanzado con los partidos aliados establecía ese límite en 14 años, tal como había quedado plasmado en el proyecto consensuado durante el año pasado.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo prevé enviar en las próximas horas una nueva versión del proyecto a la Cámara baja. Desde el Gobierno aclararon que la medida apunta a demostrar buena voluntad política con los bloques dialoguistas y preservar los acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar con la iniciativa.
El nuevo texto será muy similar al proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora una diferencia clave: la asignación específica de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la efectiva implementación de la ley. En la versión original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos y sospechas de que la norma pudiera quedar sin aplicación práctica.
En la reformulación, el Gobierno dispuso una asignación superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el proyecto tal como había ingresado al Congreso establecía la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, en línea con el dictamen previo que fijaba la edad mínima punible en los 14 años. La corrección del texto busca ahora mantener ese criterio y asegurar el respaldo político necesario para su tratamiento legislativo.
