El sector ganadero de la provincia de Chubut recibió respaldo por parte de las autoridades federales para hacer frente a las adversidades climáticas que golpean a los establecimientos de la Patagonia. La administración central formalizó el estado de crisis para las actividades afectadas por la escasez hídrica, abriendo un esquema de asistencia para los productores damnificados.
A través de la Resolución N° 746/2026, firmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de la provincia de Chubut. La medida cobró fuerza legal a partir de su publicación oficial y establece un marco de contención temporal frente a los daños económicos derivados del clima.
El origen técnico y legal de la medida nacional
De acuerdo con lo expresado en la normativa oficial dictada en la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio para el territorio provincial tiene una vigencia delimitada. Las autoridades dispusieron que la declaración rija “desde el 7 de enero de 2026 por el término de un año”. De esta manera, el período de resguardo se extenderá de forma retroactiva cubriendo las mermas productivas acumuladas en los últimos meses.
La decisión del Palacio de Hacienda se fundamentó en las sugerencias técnicas de los especialistas en la materia. Según detalla el texto legal, “La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 5 de mayo”. En dicho encuentro, los técnicos llevaron a cabo “un análisis técnico sobre la situación climática y su impacto en el sector agropecuario, que motivaron la solicitud de declaración de la emergencia por parte de la provincia, según lo determinado por el Decreto N° 52 (de fecha 14 de enero de 2026)”.
El decreto provincial 52/2026 estipulaba inicialmente un plazo de noventa días corridos para el territorio chubutense ante lo que calificó como «un fenómeno natural de tipo excepcional». No obstante, tras evaluar la rigurosidad de la situación en el sur argentino, la Comisión Nacional consideró indispensable ampliar el amparo y recomendó «extender el plazo de la declaración por el término de un (1) año a partir del 7 de enero de 2026». Asimismo, el organismo técnico determinó de forma taxativa que el «7 de enero de 2027 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas».
Una mesa multisectorial para evaluar la crisis patagónica
La declaración de emergencia agropecuaria nacional bajo el amparo de la Ley Nº 26.509 no fue una decisión unilateral, sino el resultado de un debate técnico que involucró a los principales actores económicos y científicos del país.
La Mesa de la CNEyDA que analizó las variables de Chubut estuvo integrada por un amplio abanico de instituciones públicas y privadas. El debate contó con la intervención directa de representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Adicionalmente, asistieron delegados de las carteras de Interior y de Economía de la Nación.
El reclamo de los productores locales estuvo respaldado por las principales entidades del campo con representación nacional, tales como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), quienes junto a los funcionarios de Chubut expusieron la gravedad de la falta de lluvias en los campos ganaderos.
Requisitos y beneficios fiscales para los productores
Para acceder de forma efectiva a las herramientas de asistencia y las prórrogas impositivas previstas por la Ley N° 26.509, el Boletín Oficial detalla los pasos administrativos indispensables que los ganaderos de la Patagonia deberán cumplimentar ante el Estado.
En su Artículo 3º, la resolución ministerial establece:
“A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut tendrá la obligación de centralizar esa información y remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la CNEyDA el listado definitivo de los productores incluidos, adjuntando las copias de los certificados provinciales emitidos.
A partir de la convalidación de estos padrones, las entidades bancarias nacionales y ARCA deberán «arbitrar los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos» en el marco legal vigente. Finalmente, se instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para coordinar los convenios necesarios que agilicen la implementación de la asistencia económica y financiera en el suelo chubutense.
