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Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur–Unión Europea

La Cámara de Diputados inició una sesión especial para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó este jueves por la mañana una sesión especial, en la que se pondrán a consideración dos proyectos de alto impacto político, social y económico: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

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La jornada parlamentaria arrancó con un homenaje en el recinto a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años, y con la jura del ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien asumió como diputado nacional por el espacio Provincias Unidas, tras haber sido electo en los comicios del pasado 26 de octubre.

El quórum fue alcanzado con el acompañamiento de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de legisladores monobloquistas, lo que permitió dar inicio formal al debate.

Fuerte discusión por la baja de la edad de imputabilidad

La presidenta de la comisión de Legislación Penal Juvenil y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa del oficialismo y sostuvo que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino avanzar en un esquema que priorice la resocialización.

“Hoy el régimen vigente permite la adopción de vagas medidas restrictivas. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor”, explicó la diputada cordobesa, al tiempo que criticó a quienes “no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.

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Rodríguez Machado rechazó además las acusaciones de criminalización de adolescentes: “Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Para delitos con penas entre 3 y 10 años, los jueces podrán optar por estas medidas, salvo que mediare muerte de la víctima. Estamos dando garantías del debido proceso”.

La postura de Unión por la Patria

Desde el bloque de Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó con dureza el proyecto oficial y apuntó directamente contra la senadora Patricia Bullrich, a quien acusó de impulsar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’”.

“Le puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país”, afirmó la legisladora bonaerense, en su rol de miembro informante del dictamen de minoría.

Tolosa Paz explicó que la propuesta del peronismo mantiene la punibilidad entre los 16 y 18 años, con un tope máximo de 10 años de prisión. “Parte de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, subrayó.

“Este problema no se soluciona con consignas de marketing ni cambiando la edad de punibilidad como si fuera un juego de póker, sino con responsabilidad política. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.

Los puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil

Además de la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, el proyecto oficial contempla un régimen especial de minoridad que incluye un amplio abanico de sanciones alternativas a la prisión, la prohibición de que los menores compartan espacios de detención con adultos y la implementación de medidas complementarias de resocialización con enfoque social y educativo.

La iniciativa elimina la posibilidad de aplicar condenas de prisión perpetua a menores y fija un máximo de 15 años de prisión. Para delitos con penas menores a tres años, se descartan las penas privativas de la libertad, mientras que para aquellos con penas de entre 3 y 10 años —si no hubo muerte ni lesiones graves— se priorizan sanciones alternativas.

Un punto clave incorporado al dictamen, a pedido de los bloques dialoguistas, es el financiamiento necesario para la implementación efectiva del régimen: se asignarán más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.

También se debate el acuerdo Mercosur–Unión Europea

Una vez concluido el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, la Cámara avanzará con la votación del proyecto de ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado estratégico para la inserción internacional de la Argentina y uno de los ejes económicos centrales del Gobierno para 2026.

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