Tras un nuevo debate oral ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, un expolicía fue condenado por sustraer dinero del interior de un vehículo en la localidad de Gan Gan, en un caso que generó una fuerte discusión judicial sobre los alcances del desistimiento voluntario en un delito de robo.
El condenado es Gabriel Alejandro Castillo, de 36 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como integrante de la fuerza policial.
Según quedó acreditado durante el juicio, el hecho ocurrió en mayo de 2022, cuando Castillo tomó un fajo de dinero del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en Gan Gan.
La maniobra fue observada por personas que se encontraban en el lugar, quienes lo confrontaron de manera inmediata. Fue recién entonces cuando el acusado devolvió los $100.000 sustraídos a su propietario.
Ese episodio dio origen a una causa judicial que tuvo un primer fallo absolutorio, posteriormente revisado por la máxima instancia judicial de la provincia.
En el juicio original, la jueza Patricia Asaro había resuelto absolver al imputado al considerar que la restitución total del dinero impedía configurar el dolo necesario para consumar el delito.
La magistrada entendió que la devolución del dinero neutralizaba la intención delictiva y sostuvo en su sentencia que el dolo desaparecía cuando el acusado entregaba íntegramente el dinero sustraído.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la Fiscalía, que consideró que la devolución no había sido espontánea ni voluntaria.
La Fiscalía sostuvo que devolvió el dinero porque fue descubierto
La fiscal Ivana Berazategui impugnó la absolución argumentando que Castillo no abandonó el hecho por decisión propia, sino porque había sido descubierto por los testigos que observaron la maniobra.
“El desistimiento voluntario implica que el sujeto abandona el ilícito por decisión propia antes de ser descubierto o advertido. Aquí, Castillo no devolvió el dinero hasta que se le reclamó explícitamente”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
Para la Fiscalía, esa circunstancia invalidaba la posibilidad de considerar la devolución como un acto voluntario capaz de excluir la responsabilidad penal.
El Superior Tribunal ordenó repetir el juicio
Tras analizar los argumentos de ambas partes, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la impugnación fiscal y resolvió revocar la absolución.
Los ministros consideraron que existían elementos suficientes para entender que la devolución del dinero fue consecuencia directa de la intervención de terceros y no de una decisión autónoma del acusado.
Por ese motivo, ordenaron la realización de un nuevo juicio ante otro magistrado.
Condena a dos años de prisión condicional
Durante el segundo debate, la fiscal Berazategui volvió a sostener la acusación y logró acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal de Castillo.
Como resultado, el tribunal dictó una sentencia condenatoria de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que el expolicía no irá a prisión efectiva, aunque deberá cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado.
