La Legislatura del Chubut aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer por qué todavía no fue reglamentada la Ley VIII N° 159, la norma que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educativos de la provincia.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, quien cuestionó el incumplimiento de los plazos previstos por la propia ley y advirtió que esa demora impide que la normativa pueda comenzar a aplicarse en las escuelas.
El proyecto fue aprobado con el acompañamiento de los diputados de Arriba Chubut, el PICH, el Frente de Izquierda y el bloque Chubut Unido.
Durante su intervención en el recinto, Pais recordó que la reglamentación debía dictarse dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley, plazo que, aseguró, se encuentra «holgadamente vencido».
«Una vez que se trata y se establecen plazos para la reglamentación, vemos que el Poder Ejecutivo no reglamenta, no cumple con la ley. Pudo haberla vetado si no le gustaba, pero en aquel momento hubo consentimiento y el ministro de Educación se manifestó a favor«, sostuvo el legislador.
Qué establece la ley
La Ley VIII N° 159 regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educativos de Chubut con el objetivo de ordenar su utilización durante la jornada escolar.
La norma restringe el uso de estos dispositivos durante las clases, aunque contempla excepciones para actividades pedagógicas autorizadas por los docentes y para estudiantes que los requieran como herramienta de apoyo por razones de salud, discapacidad u otras necesidades educativas específicas.
Además, establece que cada institución deberá definir mecanismos para la guarda de los teléfonos y adecuar sus procedimientos internos conforme a la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo.
La preocupación por el próximo ciclo lectivo
Pais advirtió que la falta de reglamentación genera incertidumbre entre las comunidades educativas cuando faltan pocos meses para el inicio del ciclo lectivo 2027. Según explicó, las escuelas deberían conocer con anticipación cómo será la implementación de la ley, cuáles serán los mecanismos para resguardar los dispositivos móviles y de qué manera se aplicarán las excepciones previstas.
«Todos los establecimientos deberían saber cómo va a ser la guarda de los dispositivos móviles, cómo se utilizarán cuando formen parte de una propuesta pedagógica y cuáles serán los casos en los que los alumnos podrán utilizarlos por cuestiones vinculadas a una discapacidad», planteó.
También recordó que la propia ley establece que comenzará a regir 30 días después de su reglamentación, por lo que la demora del Ejecutivo impide que la normativa entre en vigencia.
Qué información pidió la Legislatura
A través del pedido de informes, los diputados solicitaron al Gobierno provincial que detalle el estado del expediente de reglamentación, identifique el área responsable y explique las razones por las que no se cumplió el plazo legal.
Asimismo, requirieron un cronograma de implementación para que la norma pueda aplicarse desde el inicio del ciclo lectivo 2027, precisiones sobre las capacitaciones previstas para docentes, directivos y auxiliares, un relevamiento de los espacios destinados a la guarda de los dispositivos y las partidas presupuestarias asignadas para ese fin.
El requerimiento también incluye información sobre el régimen de sanciones, las excepciones contempladas por razones de salud o necesidades educativas especiales, la existencia de normas transitorias y las acciones de comunicación que se prevén para informar a las familias y a la comunidad educativa.
La resolución fija un plazo de cinco días hábiles para que el Poder Ejecutivo remita la información solicitada a la Legislatura.
