El Tribunal Oral Federal N° 7 retomará este jueves 4 de diciembre la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio. La jornada se centrará en las últimas 47 páginas del documento, donde la fiscalía detalla cómo habría funcionado un sistema organizado de recaudación ilegal entre 2003 y 2015 desde el Ministerio de Planificación.
En esta causa se juzgan 540 hechos de supuestos pagos ilegales que, según la acusación, fueron realizados por distintos empresarios al Poder Ejecutivo para acceder a contratos de obra pública.
La audiencia se reanuda luego del rechazado intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido. Superado ese planteo, el tribunal buscará avanzar con la parte central del planteo fiscal, que sostiene la existencia de una estructura con “clara jerarquía de mando” destinada a la recaudación de fondos de manera ilícita.
Dos mecanismos para la obtención del dinero
En la sección final del requerimiento, la fiscalía analiza la prueba aportada por los imputados colaboradores y describe un mecanismo dual para la obtención del dinero.
Según ese análisis:
- Un circuito era ejecutado por funcionarios, quienes retiraban el efectivo directamente de las compañías.
- El otro estaba a cargo de actores financieros que recolectaban fondos provenientes de retornos previamente pactados en las principales obras públicas del período.
La reconstrucción que realizará el tribunal buscará exponer cómo era la operatoria y cuál era el comportamiento atribuido a los empresarios imputados. De acuerdo con la acusación, empresas como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían formado parte de un sistema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en procesos de licitación, contrataciones, modificación de plazos, pagos atrasados, certificaciones y gestiones regulatorias.
El cierre del tramo acusatorio
Hasta el momento, la lectura había estado concentrada en describir los hechos y a los distintos actores que habrían intervenido en el esquema. En esta etapa, se abordará cómo el fiscal Carlos Stornelli integró la información recolectada para sostener su hipótesis central: la existencia de un esquema delictivo centralizado, cuyos circuitos de recaudación, según la denuncia, culminaban en el departamento de la calle Uruguay —donde residió Cristina Kirchner— o en la Quinta de Olivos, donde el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en representación del Poder Ejecutivo.
