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Caso Ángel: investigan posible responsabilidad de la Justicia de Familia y confirman que no había denuncias penales

Desde Fiscalía aclararon que no existían alertas en el fuero penal, pero sí múltiples expedientes en el ámbito de Familia que ahora son analizados para determinar posibles responsabilidades.

La investigación por la muerte del niño Ángel López en Comodoro Rivadavia avanza con múltiples líneas abiertas y comienza a poner el foco no solo en el entorno familiar, sino también en el accionar de la Justicia de Familia.

En una conferencia de prensa, el jefe de fiscales Cristián Olazabal confirmó que, hasta el momento, en el ámbito penal no existían denuncias ni indicadores previos que alertaran sobre una posible situación de riesgo para el menor. “Según los registros que tenemos, no había ningún indicador o alerta previa en el sistema de justicia penal que nos hiciera sospechar que algo podía estar pasando”, explicó.

Sin embargo, el escenario cambia al analizar el fuero de Familia. Allí, la Fiscalía detectó la existencia de varios expedientes vinculados al niño, los cuales ya fueron incorporados a la investigación penal. En total, serían al menos cinco actuaciones, que ahora están siendo revisadas en detalle.

“Hay expedientes muy extensos en el fuero de Familia que estamos analizando. Es un contexto complejo donde puede haber distintas responsabilidades”, indicó el fiscal.

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Posible investigación sobre el accionar institucional

A partir de esta información, no se descarta que la investigación avance sobre posibles responsabilidades de organismos o profesionales que intervinieron previamente en la situación del menor.

Desde Fiscalía señalaron que, si del análisis de esos expedientes surgen irregularidades o conductas que puedan constituir delito, se dará intervención a las áreas correspondientes, e incluso podría iniciarse una investigación paralela.

“Nuestra prioridad es determinar la causa de muerte, pero si corresponde analizar responsabilidades de otras instituciones, se hará”, sostuvo Olazábal.

En ese sentido, también se dejó abierta la posibilidad de que intervenga el Consejo de la Magistratura si se detectan fallas en el accionar judicial o de funcionarios.

Un caso sin imputados y con múltiples hipótesis

Por el momento, la causa está caratulada como “muerte dudosa” y no hay personas imputadas, aunque sí existen sospechosos bajo vigilancia. La principal hipótesis apunta a un contexto de violencia, pero aún se aguardan informes clave para avanzar.

La autopsia determinó la presencia de traumatismos en la zona craneal, aunque resta establecer si fueron producto de una acción voluntaria o involuntaria. Ese dato será clave para definir el rumbo de la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa sumando elementos y ampliando el foco. Lo que comenzó como un caso centrado en el entorno familiar, ahora también abre interrogantes sobre el rol del sistema de protección y la posible intervención previa de la Justicia de Familia.

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