Tras el acuerdo alcanzado entre las empresas de estiba y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Gobierno provincial mediante, la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) sostuvo que los nuevos valores acordados para el langostino fresco de Nación, un aumento del 26,59%, atenta aún más contra la competitividad de la actividad y podrían derivar en una reducción de descargas en Puerto Madryn.
El presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, cuestionó el resultado de las negociaciones que contaron con la participación del Gobierno provincial, representantes sindicales y empresarios del sector. Si bien reconoció que se logró cerrar una instancia de conflicto, aseguró que el acuerdo alcanzado genera un escenario complejo para las empresas que deben afrontar esos costos.
“Nosotros somos grandes consumidores del servicio de estiba y creemos que un incremento tan alto no lo soporta la cadena productiva. No coincidimos con estos valores porque nos dejan totalmente fuera de la foto de costos y nos llevan a un camino muy preocupante”, sostuvo.
Indicó que el problema no radica en las actualizaciones vinculadas a la inflación, sino en aumentos que, a su entender, exceden cualquier parámetro razonable dentro de la actividad. “Nos parece un esquema distorsivo que no va a ayudar a sostener el nivel de empleo que venimos manteniendo con mucho esfuerzo”, afirmó.
Por FM Del Viento, De la Fuente recordó a la audiencia que la industria no fija los precios del mercado y que cualquier incremento de costos repercute directamente en la rentabilidad de las empresas. “Tenemos un precio que nos marca el mercado internacional. Si seguimos dañando la cadena productiva con mayores costos, vamos a terminar afectando a todos y poniendo en riesgo fuentes de trabajo”, advirtió.
En ese contexto, señaló que varias empresas comenzaron a analizar alternativas logísticas para reducir gastos operativos, una situación que podría impactar directamente en los puertos chubutenses. “Cuando un servicio deja de ser competitivo, las empresas buscan opciones. Eso está ocurriendo hoy. Hay compañías evaluando otros puertos para descargar sus capturas”, indicó.
Bahía y Caleta, entre las alternativas
El dirigente empresarial reveló que puertos como Bahía Blanca y Caleta Olivia ya están realizando ofertas para captar parte de las descargas que históricamente se realizan en Chubut. “Llegan propuestas para descargar en Bahía Blanca y también en Caleta Olivia. Es parte de la competencia natural entre puertos cuando aparecen diferencias tan marcadas en los costos de los servicios”, explicó.
Incluso señaló que algunos barcos fresqueros ya están optando por descargar en Mar del Plata, a pesar de la mayor distancia y el costo adicional de navegación. “Hay embarcaciones que, por cuestiones operativas y por el precio de la estiba, están descargando en Mar del Plata. Hoy la decisión no pasa únicamente por la cercanía geográfica, sino también por la estructura de costos”, aseguró.
La flexibilización de las 72 horas también influye
Otro factor que, según CAPIP, modificó la dinámica de la actividad es la decisión del Consejo Federal Pesquero de liberar el límite de 72 horas de pesca efectiva, una medida que otorga mayor flexibilidad a los fresqueros de altura para elegir dónde descargar.
“Hoy los barcos tienen más libertad para completar sus operaciones y definir en qué puerto descargar. Eso hace que la competencia entre terminales portuarias sea aún más fuerte”, explicó De la Fuente. Actualmente, más de 113 buques congeladores se encuentran operando en la pesquería de langostino sin inconvenientes, mientras que la actividad de los fresqueros también avanza en distintas áreas del litoral patagónico.
Más allá del debate sobre costos y competitividad, desde CAPIP alertaron sobre las posibles consecuencias laborales que podría generar este escenario si continúa profundizándose.
“Hasta ahora las empresas hicieron un enorme esfuerzo para sostener los puestos de trabajo y no dejar trabajadores en la calle. Pero cada vez es más difícil hacerlo si se siguen acumulando costos que no pueden trasladarse al mercado”, sostuvo el dirigente.
Asimismo, cuestionó que la denominada “paz social” alcanzada tras el acuerdo termine financiándose exclusivamente desde el sector privado.
“Es muy difícil hablar de paz social cuando la cuenta la terminan pagando las empresas. Si no se analizan las distorsiones que existen en cada eslabón de la cadena productiva, el problema se va a profundizar”, concluyó.
