El nuevo régimen penal juvenil ya está vigente y, entre sus principales cambios, incorpora a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal. Frente a este escenario, desde la Defensoría Pública plantearon la necesidad de extremar los mecanismos de protección y evitar que las nuevas herramientas terminen derivando en mayores tiempos de detención para chicos y chicas en desarrollo.
Germán Kexel, secretario de Coordinación y Política Institucional de la Defensoría Pública de Chubut, explicó en FM Del Viento que la modificación más visible del nuevo esquema es precisamente la baja de la edad de punibilidad, que hasta ahora alcanzaba a adolescentes de 16 y 17 años.
Sin embargo, señaló que el cambio no se limita a esa cuestión. También incorpora modificaciones procesales que deberán ser ajustadas en la práctica cotidiana por los distintos operadores del sistema judicial.
El foco en las detenciones
Uno de los principales puntos de preocupación para la defensa es qué ocurre cuando un adolescente de 14 o 15 años es detenido, particularmente en casos de flagrancia.
Kexel sostuvo que, aunque existen plazos establecidos para realizar las audiencias de control, la privación de libertad debe ser una medida excepcional y los tiempos de permanencia en dependencias policiales deben reducirse al máximo.
“Cuando se produce una detención, tenés las horas en la comisaría y las horas a la espera de la audiencia, que pueden ser 24 o 48 horas”, explicó. En ese sentido, remarcó que el sistema debe trabajar para que ese período sea lo menos gravoso posible para una persona que todavía se encuentra en pleno desarrollo.
Chubut no cuenta con un dispositivo intermedio específicamente destinado a alojar a adolescentes durante ese tipo de situaciones. El Centro de Orientación Socioeducativo aparece como una alternativa dentro del esquema existente, aunque Kexel consideró que se trata de una estructura que quedó desactualizada. “No podemos, en mi opinión, a falta de esos dispositivos, dejar a un pibe 48 horas en una comisaría”, afirmó.
Responsabilizar, pero también revincular
Para la Defensoría, el nuevo régimen debe ser aplicado bajo un criterio diferente al del sistema penal de adultos. La referencia central está puesta en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un estándar de protección reforzada para quienes atraviesan la adolescencia.
Kexel explicó que los adolescentes son personas en desarrollo y que esa condición debe ser contemplada durante todo el proceso judicial. La respuesta frente al delito no debería limitarse a una lógica de castigo, sino apuntar a la responsabilización y a la posterior reinserción en la comunidad.
“No se trabaja nunca desde un lugar de palmearle la espalda porque sí se mandaron una macana”, aclaró. La idea, explicó, es que exista un proceso en el que el adolescente pueda asumir las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, construir un proyecto de vida alejado del delito.
En esa línea, definió como objetivo que, si la responsabilidad penal queda demostrada, el adolescente pueda llegar a comprender lo ocurrido, asumirlo y avanzar hacia una reparación acorde con el hecho.
Capacitación y perspectiva de adolescencia
La implementación del nuevo régimen también obliga a revisar las prácticas de quienes intervienen en el proceso. La Defensoría Pública ya comenzó una capacitación conjunta con jueces y fiscales, orientada a incorporar herramientas y criterios vinculados con la denominada perspectiva de niñez y adolescencia.
“Que todos podamos adquirir una perspectiva de adolescencia para trabajar con estas situaciones”, explicó Kexel, quien remarcó que no puede abordarse de la misma manera a una persona adulta de 40 años que a un adolescente de 14.
La perspectiva implica considerar las características propias de una persona que todavía está atravesando un proceso de desarrollo, sus circunstancias familiares, su trayectoria y el nivel de acompañamiento que posee.
En aquellos casos en los que ese acompañamiento no existe, sostuvo, es el Estado el que debe asumir un rol más activo para garantizar los derechos del adolescente.
Un sistema que deberá adaptarse
La puesta en marcha del nuevo régimen también plantea desafíos de coordinación entre la Justicia, la Policía, los organismos de protección y el Poder Ejecutivo.
Kexel consideró que será necesario generar acuerdos prácticos entre los distintos operadores para establecer, por ejemplo, mecanismos que permitan realizar audiencias con mayor rapidez cuando se trate de adolescentes de 14 y 15 años.
La Defensoría, además, no cuenta actualmente con un fuero penal especializado en adolescentes, una situación que, según el funcionario, se repite en distintas jurisdicciones del país. La alternativa será profundizar la capacitación y desarrollar herramientas específicas para quienes intervienen en estos casos.
“Tenemos que adquirir algunas habilidades vinculadas con la sensibilidad, vinculadas con la escucha, vinculadas con el entendimiento de que esa persona con la que trabajo es una persona que está en desarrollo”, sostuvo.
Pocos casos, pero un desafío mayor
Kexel aportó además un dato sobre la dimensión del fenómeno en Chubut. Durante 2025 se iniciaron apenas 50 causas contra adolescentes de 16 y 17 años, lo que representó aproximadamente el 2% de las aperturas de investigación de la provincia.
Según explicó, el 90% correspondió a delitos contra la propiedad de carácter leve, aunque también existen casos graves: actualmente hay tres adolescentes privados de libertad en la provincia por hechos de esa naturaleza.
Para la Defensoría, la baja cantidad de casos puede convertirse incluso en una oportunidad para desarrollar intervenciones más cuidadas y personalizadas. “Frente a pocas situaciones podemos trabajar con una calidad que en el mundo adulto no te da la escala”, planteó.
“Adolescente y delito son dos palabras que no pueden ir juntas”, resumió Kexel. Y agregó una definición que sintetiza el objetivo que, desde la defensa, buscan para el nuevo régimen: no devolver a la comunidad un problema, sino una solución.
